La Corporación provincial ha aprobado este viernes una Declaración institucional contra el cierre de oficinas bancarias en el rural. Este posicionamiento se ha dado a conocer en este viernes en un pleno con carácter extraordinario que ha celebrado la Deputación de Pontevedra en substitución de la sesión ordinaria del mes de agosto.
La presidenta de la Deputación, Carmela Silva ha sido la encargada de leer el texto consensuado por todos los grupos (PSOE, PP y BNG) y en el que instan a sumar esfuerzos para revertir el cierre de oficinas bancarias en el rural pontevedrés.
La Deputación de Pontevedra se posiciona así "en la defensa del interés general de la provincia" y en especial de los concellos rurales de menor población, ya que entiende que las oficinas bancarias "prestan un servicio presencial básico" que resulta "imprescindible" en este entorno rural donde "abunda población de avanzada edad sin las competencias digitales necesarias para operar desde los portales de banca electrónica" siendo estas oficinas "el único recurso" al alcance de estas personas.
Cada vez más concellos van quedando sin este servicio presencial en un "fenómeno de desertización bancaria" del que la provincia de Pontevedra no es ajena y que "causa una profunda preocupación y un unánime rechazo compartido por todos los partidos políticos" y, sobretodo, por los vecinos afectados que reaccionan "con indignación e impotencia".
La Deputación muestra su apoyo a los concellos afectados expresando su "solidaridad" a los vecinos y reclama que se tomen "las medidas necesarias desde los poderes legislativos" animando a todos los actores políticos interpelados por esta situación a "adoptar todas las medidas administrativas y reguladoras necesarias para mantener una atención bancaria digna", entendida como un "servicio esencial" en todo el territorio rural.
PLENO BREVE
El Pleno apenas ha durado un cuarto de hora ya que, además de la declaración institucional, en el orden del día tan solo figuraban dos asuntos en la parte resolutiva: la aprobación inicial del proyecto de Mejora de la seguridad vial en la carretera EP-2502 Cerquido - Ribadelouro, en el municipio de Tui, junto al expediente de expropiación. Y el segundo asunto ha sido la transferencia al Concello de Poio de un tramo comprendido de la carretera provincial EP-0601 entre Portosanto y Campelo – PO-308.
Ambos asuntos se despacharon sin debate político siendo aprobados por unanimidad.