Este jueves 1 de julio, los magistrados de la Audiencia Nacional volverán a reunirse para analizar y debatir sobre la prórroga de Ence para adoptar una posición en relación con los recursos presentados por el Concello de Pontevedra y por las asociaciones ecologistas Greenpeace y APDR, ante los que la Abogacía del Estado se allanó en marzo de 2019.
Según informaba la concejala Carme da Silva, el Concello recibió en los últimos días un comunicado de la Audiencia Nacional trasmitiendo este aplazamiento en la decisión. La primera reunión se celebraba el 22 de junio pero debido a la "complejidad" del asunto fue necesario realizar esta segunda convocatoria, según indicó la representante municipal.
Hasta este miércoles no había trascendido ninguna información en relación con ese primer encuentro entre los miembros de la sala de la Audiencia Nacional encargada de deliberar sobre estos recursos. Y según avanzaba Carme da Silva, la sociedad pontevedresa deberá esperar unos "días más" para conocer el resultado de esta sentencia, después de la nueva convocatoria para este jueves.
Si la prórroga se considera ilegal y se da la razón a las partes que recurren, el límite de la fábrica pastera en la ría de Pontevedra se encontrará en el año 2033. En caso de que considere que la decisión del gobierno de Mariano Rajoy adoptada en 2016 cuando se encontraba en funciones permitiendo una prórroga hasta 2073, la factoría podrá continuar hasta esa fecha en su actual localización.
Una de las asociaciones que presentó el recurso, la Asociación pola Defensa da Ría, mantiene su habitual marcha contra Ence reclamando el cierre inmediato para este domingo 4 de julio, a partir de las 12.00 horas, con salidas desde las alamedas de Pontevedra y Marín para concentrarse ante la fachada de la fábrica.
COMITÉ DE EMPRESA DE ENCE
Desde el comité de empresa de la fábrica indican que en las últimas horas recibieron la comunicación de sus abogados indicando que, en efecto, la deliberación continuará este 1 de julio obligando a prolongar la espera de la resolución final.
El comité que preside Antonio Lafuente afirma que en caso de que la sentencia sea favorable a la legalidad de la prórroga reclamarán a la empresa "con más fuerza que nunca" la realización de las inversiones precisas para garantizar la competitividad de la factoría y el futuro de los puestos de trabajo.
En caso de que la sentencia sea contraria, indican que la mesa de trabajo promovida por el Ministerio de Transición Ecológica entre todas las partes se convertirá en una herramienta "trascendental e imprescindible" para alcanzar la viabilidad y garantizar el futuro laboral. Afirman que impulsarán con todos sus medios la potenciación de esa mesa de trabajo y un calendario de reuniones que garantice progresos.
Desde el comité muestra su pesar al entender que "no se están dando los pasos esperados" atendiendo a las declaraciones del delegado del Gobierno realizadas el 23 de junio en las que manifestaba que hubo encuentros entre la empresa y el Gobierno para buscar alternativas sin grandes avances. Reclaman una nueva reunión que cuente con la participación de la parte trabajadora para buscar soluciones a la continuidad de los puestos de trabajo.