La Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado por tercera vez en el año 2000 la concesión de la autopista de peaje AP-9 a la empresa Audasa sin haber hecho una licitación pública para ello.
La Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España para garantizar la correcta aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de contratación pública y contratos de concesión.
Según el Derecho de la Unión Europea, la prórroga de un contrato de concesión equivale a una nueva concesión, que solo puede adjudicarse mediante licitación pública.
Por consiguiente, la Comisión considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación pública de la UE, en particular en virtud de la Directiva 93/37/CEE.
España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de no hacerlo, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado a España.
La concesión de Audasa expirará en 2048.
REACCIONES
El BNG valora como una oportunidad la resolución de la Comisión Europea, al entender que marca el camino para acabar con esa ampliación y permitir la recuperación de la autopista.
Entiende que la comunicación del Gobierno de la UE también pone en entredicho la legalidad de los peajes cobrados durante las sucesivas ampliaciones realizadas tanto por gobiernos del PP como del PSOE.
"A concesión non cumpre coa legalidade, é o que din as autoridades comunitarias e, polo tanto, hai que poñerlle fin", destaca la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras subrayar que la comunicación de Bruselas al Estado español "pon o foco nesa estafa e a reacción do Goberno central debe ser poñer fin a concesión e acabar coas peaxes da AP9".
Por su parte el secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, también señaló que esta posible ilegalidad debe ser estudiada, "xa que pode significar unha oportunidade para a recuperación da AP-9".
"As galegas continuamos pagando a irresponsabilidade do PP por entregar a infraestructura aos intereses privados, que se traduciu nunha anomalía dentro do conxunto de estradas do Estado polas peaxes abusivas e polos anos de bloqueo do PP", afirmó Gómez-Reino.