La ciudadanía se está movilizando para cribar la arena de las playas afectadas por el vertido de bolitas blancas de plástico procedentes de la pérdida de un contenedor marítimo con estos sacos de pellets que transportaba el buque “Toconao”.
El movimiento solidario se inició en el Día de Reyes y la difusión de esta actividad en las redes sociales está sumando cada vez más personas voluntarias.
Guiándose por el mapa de playas afectadas elaborado por la asociación Noia Limpa los grupos de limpieza se reparten por las Rías Altas y las Baixas.
En algunos puntos como el Parque Natural de Corrubedo han acudido agentes medioambientales y personal especializado al servicio de la Xunta para supervisar estas batidas ciudadanas.
Mientras, crece la polémica política por el cruce de acusaciones ante la inacción por este desastre ecológico.
La vicepresidenta tercera del Gobierno estatal y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se puso ayer en contacto con el presidente en funciones de la Xunta para ofrecer medios materiales y humanos. Alfonso Rueda ha agradecido este gesto.
El Gobierno gallego ha activado la emergencia de nivel 1. El conselleiro de Mar, Alfonso Villares, solicitó la apertura de una línea de comunicación directa que permita conocer realmente el alcance del vertido y destacó que este es un problema de carácter estatal porque "está a afectar tamén á costa de Asturias e Cantabria".
La Xunta ha anunciado que el trabajo de Tragsa, Gardacostas y agentes medioambientales se intensificarán en los próximos días.
La portavoz nacional del BNG Ana Pontón denunció "unha nova marea de mentiras e de ocultación do PPdeG" criticando la gestión del vertido que le recuerda al modo de actuación de las autoridades tras la catástrofe del Prestige porque "están a deixar soa á xente do mar que está a ir ás praias para limpar e tamén aos concellos que non teñen medios nin recursos".
Por su parte, el candidato del PSdeG en las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero José Ramón Gómez Besteiro ha centrado sus críticas en la pasividad de la Administración autonómica actuando únicamente "cando así o requiriu a presión social" cuando "foron advertidos a mediados de decembro polos veciños e polo propio Goberno de España".