El colectivo de pensionistas y jubilados de la CIG se movilizó est jueves en las siete ciudades gallegas para reclamar la equiparación de la cuantía de la pensión mínima al SMI, un servicio público gallego de atención a las personas, el incremento de los presupuestos destinados a la atención a la dependencia y el aumento de plazas públicas de centros de día y residencias.
Denuncia el colectivo que la pensión media gallega es de 865,94 euros mientras que la pensión media en el Estado es de 1.017,97 euros lo que sitúa a Galicia a la cola de las comunidades del estado español, solo por delante de Extremadura.
La situación es aún más grave para las mujeres. En el año 2019 sus pensiones fueron un 35% inferiores a las de los hombres, con 677,73 euros de media las mujeres pensionistas, frente los 1.042, 91 euros mensuales que cobraron los hombres.
La central sindical exige la derogación de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, así como de las reformas laborales que tanto el PSOE como el PP sacaron adelante con el objetivo de garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.
En lo que tiene que ver con la atención a las personas, la CIG demanda que se incrementen los presupuestos destinados a la atención a la dependencia y se aumenten las plazas públicas de centros de día y residencias, al tiempo que denuncia que miles de personas siguen sin obtener aún la prestación de dependencia que tienen reconocida.
Recuerdan que solo 86 concellos gallegos cuentan con un centro de día público, algo que consideran inadmisible en una comunidad cada día más envejecida. A esto hay que añadir que solo un 25% de las residencias de personas mayores o dependientes son de titularidad pública y que "sumando públicas y privadas, únicamente hay tres plazas por cada 100 mayores de 65 años", denuncian.
Por ello, el sindicato reitera su apuesta por un Sistema Público Gallego de Atención a las Personas que aglutine las actuales residencias, centros de día y servicios de ayuda en el hogar. Para conseguirlo la CIG promueve una proposición no de ley de iniciativa popular para la que ya comenzó la recogida de firmas, que se desarrollará durante los próximos cuatro meses.