José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, acompañado de los altos cargos del organismo cameral y por distintos representantes empresariales, expresaba este lunes su preocupación por las "graves repercusiones" que se derivarían para Pontevedra y para Galicia si Ence abandona la ría de Pontevedra.
Los dirigentes de la cámara manifestaron su profunda sorpresa y malestar por el "injustificable repentino cambio de criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar renunciando a defender su propia decisión de prorrogar la concesión a la factoría de celulosa.
Eduardo Barros, vicepresidente cameral, señaló que esta decisión tiene una repercusión internacional ya que provoca inseguridad jurídica para las empresas al suponer un cambio arbitrario en el criterio que se había mantenido hasta ahora.
Alertan de que las indemnizaciones y compensaciones que tendría que pagar el Estado superan los 130 millones de euros en caso de anularse la prórroga para que la fábrica abandone Lourizán. A este coste económico suman la pérdida de más de 400 puestos de trabajo directos y más de 2.700 puestos en empresas contratistas directamente vinculadas. Pero también, los problemas para el monte gallego, ya que entienden que Ence es la empresa tractora del sector forestal en Galicia. Costas indicó que su desaparición provocaría la caída "en picado de la producción maderera".
Por su parte, Javier Touza, vicepresidente de la Cámara, quiso recordar que Ence esta trabajando con los mayores requisitos medio ambientales establecidos en Europa. Afirmó que es una de las dos únicas empresas europeas que blanquean la celulosa con agua oxigenada y no con cloro. También recordó que hay cinco playas con distintivo azul en este entorno de la ría y que existen dos importantes bancos marisqueros en sus inmediaciones.
El presidente de la cámara anunció que estudian acciones jurídicas y afirmó que "deben tomarse todas las medidas necesarias para que se consolide la continuidad de la actividad de Ence, restableciendo la seguridad jurídica".
Eduardo Barros insistió en que es inviable el traslado dentro de la comarca "por sentido común" y señaló que "hoy en día se iría terceros países". Agradeció a los trabajadores de Ence en Navia que rechacen la inversión allí en apoyo a la plantilla de la fábrica pontevedresa.
Para concluir, Barros se preguntó por qué nadie habla del día siguiente a la desaparición de la fábrica: "¿quién va a invertir ahí?", asegurando que el allanamiento por parte de la Abogacía del Estado se encuadra en una clave electoral y que "Ence no se va a ir".