El ejecutivo de Pedro Sánchez ha modificado el criterio del anterior Gobierno de Mariano Rajoy y se niega a defender la ampliación de la concesión de la fábrica de ENCE en la ría de Pontevedra hasta 2073. Esta decisión ha provocado diferentes reacciones, desde la satisfacción de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y de Greenpeace hasta la caída de más de un 5% en Bolsa de las acciones de la empresa presidida por Juan Luis Arregui.
La APDR considera que existen las mismas razones para decretar la caducidad de la concesión de ENCE que en el caso de la fábrica de Elnosa y que "este es un primero paso para conseguir el fin de la actividad de ENCE en Lourizán", un "objetivo irrenunciable" para la asociación ecologista "y para la amplia mayoría de la ciudadanía de la comarca".
En este sentido, aseguran que continuarán utilizando "todos los medios a su alcance para que, más pronto que tarde, este objetivo se haga realidad".
Por su parte Pilar Marcos, responsable de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace valora que "durante todo este tiempo, Greenpeace ha defendido que la reforma de la Ley de Costas se realizó en contra de un bien público y del medio ambiente, por lo que la extensión de la ocupación de Ence en la ría de Pontevedra durante 60 años más siempre ha sido ilegal".
Por todo ello Greenpeace, que al igual que la APDR en noviembre de 2016 recurrió ante la Audiencia Nacional este hecho, celebra que el Estado "reconozca el valor de este terreno público" y las demandas que durante estos últimos años han realizado los ecologistas. "Confíamos en que la justicia y el Estado de Derecho resuelvan en favor de la preservación del medio ambiente", concluyen.