La intención de la Xunta de Galicia de solicitar un informe al Consello Consultivo de Galicia sobre la viabilidad de que los terrenos que ocupa la fábrica de Ence en Lourizán pasen a formar parte del suelo del puerto de Marín ha provocado que la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) trasladara al presidente del órgano consultivo el desasosiego que produce en este colectivo ver que el gobierno de Núñez Feijóo "pretende utilizar el Consello Consultivo para favorecer intereses puramente privados".
La asociación que preside Antón Masa señala que los terrenos de la Autoridad Portuaria, el puerto de Marín y la ría de Pontevedra, dependen de Puertos del Estado. Por este motivo, alegan que la Xunta carece de competencias para ampliar la zona de servicios del puerto e integrar la fábrica de Ence en esa zona". Tampoco entienden lógico solicitar un informe jurídico al Consello Consultivo gallego por parte de la Xunta para este fin.
En el comunicado de Antón Masa califica de "lamentable" que el presidente Núñez Feijóo mantenga la estrategia de defender "a toda costa" los intereses empresariales de Ence e involucre a una institución comom el Consello Consultivo para lograr ese propósito.
Afirman, además, que la búsqueda del presidente de la Xunta y de otros miembros destacados del Gobierno autonómico de "soluciones jurídicas" para conseguir la permanencia de Ence en dominio público supone un intento inaceptable de buscar vías para "burlar las sentencias de la Audiencia Nacional", que están pendientes de confirmación por parte del Tribunal Supremo.
En el escrito remitido al presidente del Consello Consultivo citan un fragmento de la sentencia 233/2015 del Pleno del Tribunal Constitucional del 5 de noviembre de 2015 contrario al uso de argucias para evitar la ejecución de sentencias.
La APDR entiende que José Luis Costa Pillado, el presidente del Consello Consultivo, actuará según mejor proceda en derecho y sabrá comprender la preocupación del colectivo ante "los intentos del Gobierno gallego por favorecer a Ence incluso a costa de burlar sentencias".
Por último, la asociación ecologista demanda que, en caso de que se hagan firmes las sentencias que anulan la prórroga de 60 años concedida a Ence por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016, se desmantelen las instalaciones de la empresa y se recupere ese espacio público para la ciudadanía.