La APDR se pregunta si la Xunta y el Estado "finalmente harán cumplir la ley" tras el dictamen de Europa sobre Elnosa

Pontevedra
27 de julio 2017

La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) considera que la respuesta de la Comisión Europea es "contundente" al incidir en la negativa a la prórroga de Elnosa en Lourizán "mientras no cambie la tecnología" y, además, exige la retirada del mercurio almacenado en la fábrica con anterioridad a esa fecha de diciembre de 2017

Elnosa en Lourizán
Elnosa en Lourizán

La  Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) no hizo esperar su reacción tras darse a conocer que la Unión Europea no autoriza a Elnosa la moratoria sobre el uso de mercurio. Su respuesta va dirigida, fundamentalmente, a la Xunta de Galicia y al Gobierno central, a los que le pregunta si "mantendrán una vez más" su actitud de "tapar ojos, nariz y orejas en defensa de los intereses particulares de la empresa" o si "¿finalmente, harán cumplir la ley?".

La asociación ecologista considera que la respuesta de la Comisión Europea es "contundente" al incidir en la negativa a la prórroga de Elnosa en Lourizán "mientras no cambie la tecnología" y, además, exige la retirada del mercurio almacenado en la fábrica con anterioridad a esa fecha de diciembre de 2017. 

"Se trata sin duda de un importante atranco a los intereses de Elnosa", valora la APDR, que añade que la empresa "lejos de haber dado los pasos necesarios para adaptar su tecnología a las exigencias de la UE, prefirió optar por el camino de la busca de subterfugios para-legales". En ese camino asegura que se desplazó "de la mano de sus mentores en la Xunta y en el Gobierno central". 

La APDR recuerda que el problema tiene su origen en la concesión y posterior renovación irregular de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que la Xunta "pretende revisar ahora y que difícilmente podrá ver la luz en plazo".

La asociación insiste en que, con la ley en la mano, Elnosa "tiene las fechas contadas" y asegura que, "en muy buena medida", esta situación es fruto de una "errada política" de la dirección de la empresa, pues "mientras incumplía todos los plazos dados por la UE para adaptarse a los nuevos tiempos, utilizó al comité de empresa y al sindicato CC.OO. para desviar la atención hacia el Concello, la APDR y la ciudadanía de la comarca".

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