La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) entiende que el Partido Popular tiene interés en mantener a Ence y a Elnosa en sus actuales ubicaciones en Lourizán y que quiere hacerlo de forma "ilegal", según expuso el presidente de este colectivo Antón Masa durante la mañana de este viernes 11 de diciembre. Ante esta situación, la agrupación ecologista estudia presentar una denuncia por prevaricación contra el gobierno de Mariano Rajoy si finalmente decide conceder la prórroga a alguna de estas empresas en los próximos días.
Entienden que prevarica porque incumple el título concesional ya que los vertidos de Ence superan 20 partes por millón de DBO (demanda biológica de oxígeno), según la APDR, desde que se instaló hasta finales de 2014 e incluso a lo largo de este último año. Antón Masa indica que el gabinete de abogados de la asociación estudiaría esta posibilidad de presentar una demanda al entender que el gobierno adopta una decisión a sabiendas de que es injusta.
Anxo Torres, integrante del colectivo, señaló que en los últimos díasmiembros de la APDR acudieron a Bruselas a la Unión Europea por invitación de la eurodiputada Lidia Senra, de Alternativa Galega de Esquerda, en compañía de representantes de 18 asociaciones, entre las que se encontraban la cofradía de mariscadoras de San Telmo, la asociación de mexilloeiros de la ría y de la asociación polo saneamento da ría pontevedresa que manifestaron que la permanencia de Ence en Lourizán supone una hipoteca para el futuro ambiental y económico de esta zona.
José Manuel Server, responsable de implementación de derecho ambiental de la Dirección Xeral de Medio Ambiente de la Unión Europea, atendió a las cuestiones planteadas por estos colectivos y entiende que los vertidos de la fábrica pastera deben englobarse dentro de la directiva europea de aguas residuales urbanas, tal y como sostiene la APDR, explicó Torres.
Antón Masa señaló que Ence tiene que cumplir con esta directiva para que se midan sus emisiones en miligramos por litro y no solo a través de kilogramo por día como establece la autorización ambiental integrada. De esta forma, señala que la pastera incumple la normativa de la UE si se miden esas emisiones en miligramos por litro y que de esta forma no se debería prorrogar su actividad en la actual ubicación.
EL COMITÉ DE EMPRESA DE ENCE CRITICA EL VIAJE DE LA APDR
Los representantes de los trabajadores de Ence lamentan que en plena campaña electoral una eurodiputada lleve con gastos pagos a 18 asociaciones a pasar unos días en Bruselas y que todo ese desplazamiento se pague con dinero público.
Se preguntan desde el comité si no habría sido mejor invitar al eurodiputado a Galicia para contarle el mismo y ahorrarle el erario público el dinero del desplazamiento, por ejemplo, de las tres personas de la APDR que asistieron. Además, le piden al colectivo ecologista que reflexione sobre si "el desplazamiento en campaña electoral hecho en avión que quema combustibles fósiles y emite CO2 es sumarse a la lucha de todos contra el cambio climático".
Antón Masa evitó pronunciarse sobre este comunicado.
REACCIÓN DE LA EMPRESA
ENCE, por su parte, le pide en un comunicado a la APDR que deje de hacer política con los puestos de trabajo: "Ahora sabesmos que les parece ético viajar a Bruselas con cargo al erario público para reunirse con una eurodiputada gallega que dos días después estaría en Galicia, y con un funcionario de la Comisión Euroepa que en el poco tiempo que les pudo dedicar tuvo que escuchar los discursos de más de 20 personas".
Indican que, además, la APDR vuelve sobre la idea de que Ence debe cumplir normas que no le afectan y alega que la útima vez que le quitaron la razón fue una sentencia de febreiro de este año del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Apuntan también que las aguas residuales urbanas son diferentes de las aguas residuales industriales y ese aspecto está avalado por el TSXG y por la Comisión Europea.