La Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) anunció en un comunicado que estudia denunciar a la Consellería de Medio Ambiente por la "ocultación de información ambiental"
Durante años, desde la concesión de la autorización ambiental integrada a la empresa ENCE en el año 2008, y al amparo de la ley 27/2006, que regula el derecho de acceso a la información, la APDR vino solicitando a la Subdirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, información relativa a los vertidos de la empresa a la ría de Pontevedra; y la administración proporcionó toda la información solicitada y todos los datos de los parámetros analizados, lo que permitió al colectivo ecologista "comprobar que la empresa incumplió de forma continuada los límites establecidos por la legislación en materia de vertidos de aguas residuales urbanas".
Pero, desde el año 2016, en el que "siguiendo indicaciones de la propia subdirección xeral" solicitaron formalmente que los envíos se hiciesen de forma automática cada seis meses, sin necesidad de reiterar las solicitudes, "dejamos de recibir esta información", que debería incluir los resultados de las analíticas realizadas por la empresa a la salida de su sistema de depuración, las realizadas por la administración durante las inspecciones a la fábrica, "y toda la información que permita conocer aquellas prácticas que, como la de la mezcla de aguas limpias con aguas contaminadas procedentes del sistema de depuración que la empresa aseguró realizar, están prohibidas por la ley".
Asimismo, la APDR solicitaba información sobre las "medidas adoptadas por la administración para evitar tales prácticas ilegales". Durante este tiempo, la solicitaron por escrito, de forma presencial en la subdirección xeral, y telefónicamente, "sin conseguir nuestro objetivo".
El vicepresidente de la APDR, Benito Andrade, señaló que "como quiera que son muchas las ocasiones en las que la Xunta de Galicia actúa protegiendo los intereses de la empresa", esta situación "nos hace sospechar que puede que se nos estén ocultando deliberadamente estos datos".
A los miembros de Defensa da Ría "no se nos ocurre ninguna otra razón que pueda justificar este obstinado incumplimiento de la legislación española y comunitaria".
Ante esta situación, la APDR está estudiando la necesidad de denunciar ante los tribunales de justicia la "ilegalidad" en la que, "de modo reiterado y continuo en el tiempo", está recayendo la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, con "grave incumplimiento de la legislación del estado español y de la Unión Europea y que, todo indica, tiene por objetivo evitar la acción civil en la defensa del medio ambiente, en este caso contra la contaminación provocada por los vertidos de ENCE".