La Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) considera un "caso claro de prevaricación" que la Xunta pretenda resolver la ilegalidad de los rellenos portuarios de Marín con la aprobación definitiva del actual Plan Especial del Puerto "que es una copia de los anteriores".
El Tribunal Supremo sentenció la ilegalidad que los rellenos frente a Estribela ordenando la devolución al mar de los mismos y la demolición de las naves empresariales que se alzan sobre ellos.
Sin embargo la administración autonómica tiene previsto emitir una memoria ambiental y los informes sectoriales lo que, según la Xunta, "permitirá a aplicación dunha normativa que ofreza seguridade xurídica no desenvolvemento da actividade portuaria e solucionará o problema plantexado co recheo".
La visión del departamento autonómico contrasta con la de la APDR y la de la denunciante, la Plataforma Defensora de la Praza dos Praceres, que reclamó a los tribunales que se le autorice a ejecutar las demoliciones y que la financiación de los trabajos se haga con fondos que deberían incautarse a Fomento para este fin.
Por su parte, desde la APDR consideran que si se aprueba este plan especial "hai razóns suficientes para poner en conocimiento do fiscal estes feitos e esixir responsabilidades" por un delito medio ambiental y otro de prevaricación.
El colectivo ecologista tiene "moi claro" que los responsables son "a Secretaria Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, e os presidentes da Autoridade Portuaria, deste Tomás Iribarren pasando por María Ramallo, Juan Carlos Surís ata José Benito Suarez Costa" asi como el Director y el responsable del departamento de Desarrollo del Puerto.