Esta semana el Senado aprobó la Ley de Cambio Climático con una enmienda de Ciudadanos que modifica el polémico artículo 18.4 relativo a las concesiones en el dominio público marítimo terrestre con el fin de aclarar que no habrá efecto retroactivo.
Ahora el texto se devolverá al Congreso de los Diputados para culminar su tramitación legislativa, antes de su remisión definitiva al Boletín Oficial del Estado.
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) señala su sorpresa por este cambio después de que "hasta ayer mismo, el Gobierno y el PSOE, con la ministra Ribera a la cabeza, dieron la batalla -incluso de forma encarnizada, a veces- por defender la Ley en su planteamiento original, sin admitir ninguna de las enmiendas al artículo 18, por considerarlas innecesarias".
Sin embargo, en el pleno del Senado, donde el PSOE tiene una mayoría más amplia que en el Congreso, el texto del proyecto fue aprobado con dos modificaciones que afectan al artículo 18.4 y a los plazos de permanencia de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, lo que, para la APDR "supone aceptar las exigencias de ENCE y la Xunta que habían rechazado sistemáticamente".
El colectivo ecologista pregunta qué razón pudo llevar al Partido Socialista en este caso "a modificar los criterios defendidos con tanta vehemencia pocos días antes". "¿Qué contrapartida se esconde detrás de esta concesión a Ciudadanos, el partido que presentó la enmienda al artículo 18? Puede que en breve tengamos la respuesta… Tiempo al tiempo!", dice en un comunicado el presidente de la APDR, Antón Masa.
SOCIALISTAS
Por su parte el Partido Socialista emplaza al PP a rectificar en el Congreso su voto en contra de la modificación de la Ley de Cambio Climático.
El coordinador de la Interparlamentaria del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y el viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Pablo Arangüena, explicaron que el nuevo texto cambia la expresión "actos dictados" por "actos que se dicten", siguiendo la línea sugerida por el Consejo de Estado y "eliminando cualquier tipo de duda sobre su irretroactividad sobre las concesiones de actividad en la costa".
Apuntaron que "el gobierno gallego debería estar mucho más tranquilo después de la campaña de presión contra este artículo", que ahora "carece de sentido". Además alertaron de que la "estrategia de confrontación a cualquier precio" del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "pone en riesgo a todo un sector generando una profecía autocumplida, ya que desincentiva a la inversión y provoca que el capital huya".