A juicio por delito contra la intimidad una odontóloga que entró sin permiso en la historia clínica de una compañera

Pontevedra
10 de marzo 2025

La Audiencia de Pontevedra la juzgará este martes 11 de marzo. La Fiscalía pide tres años y medio de prisión, multa de 9.000 euros e inhabilitación absoluta para la profesión durante nueve años

Sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra
Sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra / Mónica Patxot

Una odontóloga del Servizo Galego de Saúde que ejercía en el complejo hospitalario de Pontevedra se sentará este martes 11 de marzo en el banquillo de los acusados por un delito continuado contra la intimidad. 

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra la juzgará por presuntamente acceder en 39 ocasiones a la historia clínica de una compañera del servicio. 

La Fiscalía pide que sea condenada a tres años y medio de prisión, al pago de una multa de 9.000 euros (20 meses a 15 euros diarios), e inhabilitación absoluta para la profesión durante nueve años. 

Como indemnización, deberá abonar a su víctima 4.000 euros en concepto de daño moral.

La acusada era interina y tenía acceso al IANUS, programa informático que permite a los profesionales de la medicina acceder a la historia clínica de los pacientes en cuya asistencia intervengan en los diferentes niveles de la prestación sanitaria.

Su víctima ejercía en el servicio de odontología del centro de salud de Marín y la acusada no la trataba como paciente, pero, pese a todo, accedió en varias ocasiones a su historial y pudo conocer que estaba siguiendo tratamiento en el servicio de psiquiatría del centro de especialidades de Mollabao.

Según la Fiscalía, accedió "sin justificación alguna y sin contar con la autorización de la interesada", a los informes emitidos por el servicio de psiquiatría en tres ocasiones en 2019, 2020 y 2021

Además, según el escrito de acusación, la acusada accedió a la historia clínica de su víctima en otras ocasiones "pese a no existir causa justificada para ello" porque no la trataba como paciente. En concreto, entre los años 2013 y 2021 llegó a acceder un total de treinta y seis ocasiones.

En 2022 la víctima denunció los hechos y en 2023 la acusada ingresó en la cuenta del juzgado 2.500 euros para que se destinen a reparar los posibles perjuicios causados. De esta forma, la Fiscalía reconoce que se le aplique la circunstancia atenuante de reparación del daño.