El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a ahondar en el estudio de los sistemas de saneamiento y depuración de la Ría de Pontevedra con la implicación de los ayuntamientos de Pontevedra, Marín, Poio y Vilaboa. La finalidad de esta anáise es conocer el estado actual de la red y, en función del resultado, determinar las necesidades concretas de actuación en cada termo municipal afectado.
La gestión es resultado de una proposición no de ley que llevó al Parlamento el Grupo Popular y que se aprobó en la sesión de este jueves con los votos a favor únicamente del PP, la abstención del BNG y los votos en contra de PSdeG y AGE. Al respecto, el diputado y portavoz del partido en Pontevedra, Jacobo Moreira, lamentó que "quedó demostrado que ninguno de los partidos de la oposición tiene el más mínimo interés en sanear la Ría de Pontevedra".
Según un comunicado difundido por el grupo parlamentario del PP, Moreira valora que "todos debería sérmelos conscientes de esta situación" y trabajar juntos para solucionar este problema, dado que el nuevo período operativo de fondos europeos 2014/2020 es la última oportunidad para resolver completamente el saneamiento de la Ría de Pontevedra.
En su intervención, Moreira recordó que la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Praceres fecha del año 1990 y, pese a la realización de varias obras de mejora, su funcionamiento actualmente "no es eficiente". En su opinión, el principal motivo de la falta de eficiencia de la planta radica en la importante aportación de aguas limpias desde las redes del sistema de saneamiento, que gestionan los ayuntamientos y cuyos principales elementos datan de hace más de 20 años.
Al respecto, recuerda que la tarea de mantenimiento y renovación de la red no es una competencia de la Xunta, sino de las entidades locales, por LO que Aguas de Galicia no podrá estudiar la red municipal sin el consentimiento y la colaboración de los gobiernos locales.
El diputado popular manifestó que la oferta de colaboración de la Xunta de Galicia, fundamentada en la urgencia de actuar en el saneamiento de la ría, no debe suponer un nuevo desentendimiento por parte de los ayuntamientos de sus obligaciones competenciales, dado que en el ejercicio de esas competencias y con las tasas que se cubran se puede financiar el mantenimiento del servicio.