El Concello insiste en la necesaria transferencia de la unidad asistencial de drogodependencias (UAD) de Pontevedra, situada en la plaza de Valentín García Escudero, a la Xunta de Galicia. Aseguran que "non ten sentido" que un centro clínico y sanitario dependa de la administración municipal.
La edil de Benestar Social, Anabel Gulías, ha explicado este jueves que el posicionamiento del Concello es el de planificar el futuro de la UAD y, para eso, ha remitido una comunicación a la Xunta para convocar una comisión de seguimiento con la FEGAMP para seguir trabajando en su transferencia.
Gulías ha recordado que esta unidad nació en el año 1991 "durante os anos máis escuros de Galicia ao respecto das drogadiccións", y como una respuesta a la demanda y alerta social que se vivía.
En la actualidad, el servicio municipal tiene un coste de 495.580,97 euros, de los que la Xunta, a través del Sergas, cubre 397.294,65 euros, siendo el resto pagados con fondos municipales.
Del total de esta financiación, 464.814,66 euros se corresponden con el gasto de personal, de siete trabajadores y trabajadoras. "Este persoal ten un perfil diferente ao que acostuma contratar un Concello: falamos de médicos, psiquiatras ou enfermeiros, un claro perfil médico", ha señalado la edil.
Además de la aportación económica, el Concello también asume los gastos de mantenimiento, de limpieza, de suministros, de luz y demás servicios de esta unidad.
A UAD atiende no solo la enfermas de Pontevedra, sino que presta asistencia a pacientes de Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, A Lama, Marín, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Soutomaior y Vilaboa, con una población general estimada de 165.000 habitantes.
Esto, según los informes, "se asemella ao funcionamento dun centro sanitario". Tanto es así, afirman desde el gobierno municipal, que la organización de la UAD es marcada por el Sergas, que decide las órdenes de trabajo y del servicio, incluso utilizando su sistema informático.
El centro ofrece distintos tratamientos como el suministro de metadona y otros medicamentos, detección de drogas o campañas de vacunación (incluso de la gripe), tratamientos de alcoholismo o de VIH, "accións de claro perfil médico" y de un centro sanitario.
"Xa hai tempo que se puxo sobre a mesa de facer unha transferencia ao Sergas e á Xunta de Galicia deste tipo de unidades, xa que non ten sentido, nin é operativo nin é funcional que un centro sanitario dependa dun Concello", ha reiterado la responsable de Benestar Social.
Este asunto, según Gulías, genera un "consenso" alrededor de las administraciones locales y desde ese punto trabaja la FEGAMP desde diciembre de 2022, con la constitución de una comisión mixta que establecía una hoja de ruta y la entrega de distinta documentación e información.
El Concello pontevedrés, asegura la concejala del BNG, "remitiu a información tal e como se solicitaba dentro do prazo previsto, mais a situación está no mesmo punto de partida", por lo que reitera que el gobierno municipal ofrecerá "todas as facilidades posibles" para seguir ese camino.