La organización ecologista Greenpeace reclamará al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una reforma integral en el modelo de pesca, agricultura y ganadería, al considerar que el sistema actual es "insostenible".
En una rueda de prensa celebrada en Vilagarcía de Arousa, a donde Greenpeace ha llegado con el buque Arctic Sunrise, este colectivo ha denunciado que el modelo vigente "prioriza la producción industrial destructiva frente a la de bajo impacto".
Sus principales demandas están centradas en la protección de las rías ante la contaminación y en la defensa de la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura extensiva tradicional.
Greenpeace remitirá el próximo lunes una carta al ministro Luis Planas con las peticiones que ha recogido del propio sector primario, con representantes pesca artesanal y marisqueo, agricultura y ganadería, durante el tour que el Arctic Sunrise ha realizado por Euskadi y Galicia.
España, según este colectivo, es líder en la Unión Europea en cuanto a capturas de pescado y la flota nacional cuenta con 8.613 embarcaciones, siendo el 78 % de artes menores.
A pesar de ello, el 70% del pescado que se consume en España es importado y del pescado procedente de las costas españolas, solo el 10% procede de la pesca artesanal.
En el caso de Galicia, la comunidad con mayor número de capturas debido a que tiene casi el 50 % de la flota española, cuenta con 4.225 barcos, de los 3.764 son de artes menores.
La ONG ambiental insiste en que la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura tradicionales, son "mucho más sostenibles" que otros métodos de explotación de recursos marinos y, en estos momentos, "sufren una crisis de considerables dimensiones".
Sostienen que "especialmente significativa y preocupante" es la caída en la producción marisquera, a lo que suman la disminución de los permisos de explotación, la falta de relevo generacional, el peso creciente de la industria o la introducción de especies foráneas.
Además, a la contaminación de origen urbano o industrial "se suma cada año con mayor intensidad los efectos del cambio climático", según Greenpeace, que aumenta la temperatura del mar y su acidificación o provoca cambios en los patrones de corrientes, vientos y lluvias.
Sobre la agricultura, Greenpeace alerta de la crisis que atraviesa el sector por la subida de los costes, la competencia desleal de productos importados o los grandes márgenes de beneficio de intermediarios y mayoristas frente a los bajos precios que perciben los productores.
Esta situación, a juicio de esta organización, se agrava por las elevadas cargas burocráticas y las "graves y crecientes consecuencias" que sufren debido a la crisis climática y de biodiversidad.
"Los mercados, las ayudas y las leyes apoyan a los más grandes, mientras que la pequeña y mediana agricultura, se ve desplazada y abocada a la industrialización, o al cierre", han subrayado desde Greenpeace.
La carta que Greenpeace remitirá al ministro incluirá la petición de ampliar hasta un 30% las aguas nacionales bajo protección o incrementar, de acuerdo con el sector, la red de reservas marinas allí donde sea recomendable por la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Luchar contra el furtivismo y la contaminación para proteger la pesca artesanal, el marisquero y la acuicultura tradicional, abordar la problemática del relevo generacional o impedir la instalación en la costa de industrias contaminantes estará también entre sus peticiones.
Los ecologistas quieren además que las normativas de vertidos y vaciado de embalses sean "más exigentes", que se elabore un plan de restauración ecológica de las rías o incluir las enfermedades o lesiones relacionadas con el marisqueo en la seguridad social.
En materia de agricultura y ganadería, Greenpeace reclama una nueva ley de agricultura familiar que incluya un "acceso justo" a la tierra a los jóvenes agricultores y un mayor apoyo técnico y económico para una transición agroecológica.
Además, pide reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, no otorgar autorizaciones para nuevos regadíos intensivos o limitar al menos cinco años la apertura o ampliación de proyectos de ganadería intensiva, diseñando un plan para reducirla en un 50% en 2030.