Greenpeace ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 20 de enero de 2016, para que Ence Energía y Celulosa S.A. permanezca en la ría de Pontevedra otros 60 años.
La organización ecologista considera que la empresa desarrolla una actividad industrial "incompatible con el dominio público y que puede tener otra ubicación". Por lo tanto, aseguran que esta concesión de prórroga entra dentro de los usos no autorizables en el dominio público tal y como se establece en la Ley de Costas y el Ministerio "no debía de haberla concedido".
La orden ministerial advierte expresamente que "la zona sobre la que está previsto ubicar las instalaciones puede ser inundable por su propia naturaleza...", lo que justificaría aún más su denegación, a juicio de Greenpeace.
Además, afirman que el propio Ministerio ha reconocido que la papelera "incumplió los términos de la concesión octava del título concesional ya que se han realizado actividades que implican la alteración de la finalidad de este título". Ante esto, señalan desde Greenpeace que "el Ministerio no solo no ha iniciado expediente sancionador alguno ni ha declarado la caducidad de la concesión, sino que ha concedido la prórroga de la concesión durante 60 años más".
"Prorrogar varias décadas la actividad de ENCE en Pontevedra por parte de un Gobierno en funciones es más que cuestionable e irregular. Sin embargo, lo que no es cuestionable es que la propia administración central del Estado reconozca que la empresa incumplió los términos de la concesión habiéndose realizado actividades diferentes a las marcadas y que a pesar de ello autorice su actividad", ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace España.