La Fiscalía de Pontevedra ha abierto diligencias de investigación penal sobre la seguridad de la empresa Ence.
El motivo son las declaraciones grabadas en video en las que el presidente de la compañía, Ignacio de Colmenares, alertaba de la posibilidad de que se produjera un "susto ambiental mayúsculo en cualquier momento" en la fábrica que la pastera tiene en Lourizán.
En el vídeo, que forma parte de un mensaje a los trabajadores de la compañía, De Colmenares reflexionaba sobre el estado en el que se encuentra una de las calderas de la fábrica y advertía de que pudiese ocurrir un incidente "que pudiera afectar a las personas".
Aunque desde Ence aseguraron que esa grabación era "ilegal", que las palabras de su presidente habían sido "descontextualizadas" y que el complejo industrial de Pontevedra "es seguro", la Fiscalía ha decidido actuar de oficio y ha abierto diligencias de investigación penal.
Entre otras comunicaciones, la Fiscalía pontevedresa ha remitido oficios a la unidad Seprona de la Guardia Civil y a varias delegaciones de la Xunta de Galicia solicitando informes respecto al estado de la planta.
Con esta medida, el ministerio público pretende investigar la posible existencia de un delito medioambiental.
PARA LA APDR ES UNA "BUENA NOTICIA"
Tras conocer la investigación abierta por la Fiscalía, desde la Asociación Para a Defensa da Ría (APDR) aseguran que es una "buena noticia" dada la repercursión que tiene lo dicho por el presidente de Ence y se hagan eco de la "alarma social existente" sobre una supuesta situación de inseguridad en la fábrica de Lourizán.
Con independencia del resultado de esta investigación, asegura APDR, esta es la muestra que ante hechos "absolutamente antidemocráticos y presuntamente delictivos", la justicia actúa "para evitar la impunidad".
Esta actuación de la Fiscalía, según este colectivo ecologista, "debería hacer callar a las voces que desde Ence pretenden minimizar estes hechos culpabilizando a quienes defendemos la legalidad y el interés general frente a la rapiña industrial que pretende hacerse con la propiedad del dominio público marítimo-terrestre".