Familias del colegio de Marcón alertan del riesgo de caída de vehículos del desguace a la vía pública

Pontevedra
13 de marzo 2023

El Concello de Pontevedra reiterará su petición ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia para que actúe ante esta instalación ilegal situada en el lugar de Vilafranca

Desguace ilegal en Marcón
Desguace ilegal en Marcón / Concello de Pontevedra

La xunta de Goberno local de Pontevedra se ha hecho eco este lunes de la preocupación expresada por algunas familias de alumnos del Colegio Público de Marcón ante el riesgo de caída de los vehículos apilados en el desguace a la vía pública.

El Concello de Pontevedra reiterará su petición ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta de Galicia para que actúe ante esta instalación ilegal situada en el lugar de Vilafranca, en la parroquia de Marcón. 

Se trata de un problema enquistado que se mantiene desde 2006 sin que se registren avances y ocasionando problemas en el entorno. 

El propio director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Jacobo Hortas, remitió hace un año una carta a la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (ANPA) del CEIP de Marcón en la que explicaba que los propietarios interpusieron un recurso contencioso-administrativo que supone nuevas dilaciones en el procedimiento de ejecución forzosa de la orden de demolición.

Jacobo Hortas en aquella misiva aseguraba que es "consciente de la preocupación generada" en la comunidad educativa de Marcón por estas instalaciones y les trasladaba que la APLU "está procediendo al cumplimiento de una orden de demolición de nave industrial y obras auxiliares dictada ya en el año 2006 y que tuvo, y sigue teniendo, un largo recorrido judicial". 

Cabe recordar que ya en el año 2012 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló que esta instalación "es incompatible con el ordenamiento urbanístico", por lo que confirmó la firmeza de la orden de demolición. 

La portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías ha indicado que "é un tema que vén de lonxe, xa falamos moitas veces desta cuestión e tiñamos un compromiso coa APLU para solucionar este problema, ao sabermos que se puxeran en contacto cos responsábeis deste desguace ilegal". "Tiñan un prazo, en teoría, que remataba o 9 de xaneiro para facer efectiva a sentenza e desprazar estes vehículos e acondicionar o lugar. A situación segue igual, concedéuselles un novo prazo que non sabemos cando remata, pero está claro que seguimos nas mesmas".

La concejala señaló que "xa é unha cuestión que nos preocupa a todos, pero en especial ao alcalde, que mantivo conversas co responsábel da APLU para instarlle a que resolva esta problemática".