La Guardia Civil no está dispuesta a que agentes con historial reprochable continúen en el Cuerpo y dañen su imagen. Este es el motivo por el que el Ministerio de Defensa expulsó a un funcionario de Pontevedra que había sido condenado por violencia de género y ahora el Tribunal Supremo acaba de darle la razón.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo acaba de confirmar el expediente disciplinario de Defensa del pasado 4 de octubre de 2023, que el guardia civil había recurrido en la vía judicial alegando la vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías y derecho de defensa, vulneración del principio de legalidad y falta de proporcionalidad de la sanción impuesta. El Alto Tribunal rechazó todos los motivos de recurso.
Esa resolución de octubre acordaba la sanción de separación del servicio como autor de una falta muy grave consistente en "cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica".
Este guardia civil destinado a Pontevedra fue condenado en agosto de 2021 por el Juzgado de lo Penal número 4 de la ciudad como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar en el ámbito de la violencia contra la mujer y de otro de amenazas menos graves continuadas y no condicionales.
Esa sentencia fue luego confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra y el agente llegó a ingresar en un centro penitenciario. Allí estaba cuando le confirmaron la resolución del expediente disciplinario.
El Tribunal Supremo confirma esa expulsión y argumenta que el delito que cometió el acusado "ocasionó en modo palmario un grave daño al instituto armado de naturaleza militar al que pertenece".
Sostienen los magistrados que "se trata de un servidor público entre cuyas funciones destaca la de perseguir el delito" y que es "evidente" que se ha generado "una relevante afección a la imagen de la Benemérita con la comisión de los delitos comunes cometidos por un servidor de la seguridad ciudadana".
La sentencia recoge que "se ha generado una grave merma tanto a la Administración como a los ciudadanos".
Además, el Supremo comparte "plenamente" la decisión de Defensa y concluye que la sanción de separación del servicio está "totalmente justificada" dada la naturaleza de los hechos.
El guardia expulsado veía la sanción desproporcionada, pero el tribunal discrepa y sostiene que "no puede tacharse de desproporcionada, dado, conviene insistir, que nos encontramos ante unos hechos objetivamente relevantes y graves".