El "interés superior" de los dos hijos de José Luis Abet y Sandra Boquete Jamardo y el "importante riesgo de revictimización" que sufren ha sido el motivo esgrimido por la Audiencia Provincial de Pontevedra para decidir juzgar a puerta cerrada al primero por el conocido como triple crimen de Valga.
La sección segunda acordó este lunes, en la primera sesión del juicio, esta medida excepcional para proteger a los hijos del asesino y de una de sus tres víctimas, de 4 y 7 años. José Luis Abet mató a su ex mujer, Sandra Boquete Jamardo (de 39 años); su ex cuñada, Alba (27); y su ex suegra, Elena Jamardo (58) disparándoles a bocajarro en presencia de los niños.
Los menores son víctimas en sí mismos, pues han sufrido graves daños psicológicos por haber presenciado los hechos, y a la vez hijos, nietos y sobrinos de las asesinadas. Cuando su padre disparó a su madre, estaban en el asiento trasero del coche y, cuando fue a por su abuela y su tía, escondidos en las proximidades, de modo que lo presenciaron todo.
La fiscala del caso, María Luisa Fraga, pidió la celebración a puerta cerrada y luego se adhirieron a su petición todas las partes personadas en esta causa. A continuación, la magistrada consultó a los miembros del jurado (ocho mujeres y tres hombres, contando los nueve titulares y los dos suplentes) y también coincidieron.
Previamente, la magistrada que preside el tribunal, Rosario Cimadevila, solicitó un informe pericial que determinó que "su superior interés ha de ser protegido frente a cualquier otro derecho pese al innegable interés general" que tiene un juicio de estas características.
La Audiencia permitió el acceso de los medios de comunicación a la sala de vistas para escuchar la decisión y, en esta breve audiencia pública, se leyó la decisión del tribunal, que explicó que es necesario adoptar las medidas necesarias "para evitar que la celebración de juicio se convierta en una nueva fuente de perjuicios para la víctima".
Añade también que es necesaria esta decisión "en atención a las particulares circunstancias y gravedad de los hechos, que afectan a la indemnidad psíquica e intimidad de víctimas menores".
El abogado de la familia de las víctimas, Manuel Martín, insistió, al final de la sesión, en la necesidad de "salvaguardar la integridad psíquica y moral de los niños, que en definitiva son las auténticas víctimas de este suceso".
El abogado de la Fundación Amigos de Galicia, Francisco José Lago Calvo, que ejerce la acusación popular, insiste en que el informe del psicólogo "fue claro en este sentido" y que celebrarlo en audiencia pública "no era conveniente por el interés superior del menor".
La fiscala sostiene, en su escrito de acusación, que el acusado "quiso expresamente que sus hijos menores de edad presenciaran cómo mata a su ex mujer, madre de los menores, razón por la que realizó el crimen cuando se disponían a ir al colegio". También para proteger a los niños, en su día, ya se les tomó declaración judicial con todas las garantías para evitar que tuviesen que volver a declarar en el juicio.
La fiscala pide que durante el juicio se reproduzca el DVD que contiene esa declaración de uno de los niños a puerta cerrada a fin de evitar la exposición pública de la imagen del menor. En caso de que el tribunal decida que sí tiene que declarar el niño, pide que lo haga mediante videoconferencia a puerta cerrada, de manera que se evite todo tipo de contacto visual con el acusado. Además, para "reducir al mínimo el impacto emocional" pide que esté acompañado el menor por un psicólogo de la Oficina de Atención a las Víctimas.
Abet, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable, está acusado de tres delitos de asesinato, un delito de tenencia ilícita de armas y dos delitos de lesiones psíquicas graves, cuyas víctimas son sus dos hijos, de los que ha perdido la patria potestad.