Aunque desde la Comisión Europea trasladaron hace unos días que el Gobierno español había iniciado los trámites para bajar al pecio hundido del Villa de Pitanxo, previsiblemente en primavera o verano de 2023, la operación sigue sin estar del todo clara.
Al menos, así lo ha trasladado este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que ha sostenido que España esperará a que los técnicos y los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAIM) "nos digan qué es lo que hay que hacer".
"En el momento que nos digan que es necesario bajar atenderemos a esa demanda", ha señalado Miñones, que ha añadido que el Gobierno también está "a disposición" de la justicia.
En cuanto los juzgados aclaren las cuestiones relativas a las competencias sobre la investigación, en estos momentos en manos de la Audiencia Nacional, también se atenderán los requerimientos que lleguen desde la autoridad judicial a este respecto.
Este es, según el delegado del Gobierno en Galicia, el posicionamiento que el Ejecutivo central ha mantenido "desde el minuto uno", por lo que ha reiterado que "evidentemente" las autoridades españolas esperarán a la decisión que adopten los investigadores.
"YA NO PODEMOS SUFRIR MÁS", ASEGURAN LAS FAMILIAS
Estas declaraciones de José Miñones han caído como un jarro de agua fría entre los familiares de los 21 marineros del Villa de Pitanxo que fallecieron en el naufragio.
Aseguran estar "consternados" ante esta postura del Gobierno. "No entendemos nada, todo esto es innecesario", ha señalado su portavoz, María José de Pazo, que afirma que las familias de las víctimas "ya no podemos sufrir más".
"Que paren ya y que salga una persona a decir las cosas claras", ha rogado De Pazo, que denuncia que ante la Comisión Europea "se dijo una cosa y ahora Miñones dice otra".
La portavoz ha sostenido que España trasladó a la jefa de la unidad de seguridad marítima de la Unión Europea, Fotini Ioannidou, "que había compromiso de bajar al pecio en 2023 y que se iba a licitar", por lo que considera que lo dicho ahora por el delegado del Gobierno es "demencial".
Si no existe ese compromiso, ha añadido María José de Pazo, "no sé para qué votaron, qué le dijeron a los expertos europeos y qué es lo que vamos a hacer".
Para aclarar esta cuestión, las familias se pondrán en contacto con el Ministerio de Transportes y con la propia Presidencia del Gobierno "para que alguien diga algo claro", ya que la situación en la que se encuentran "es una falta de respeto total y absoluta".