La decisión del Gobierno de no defender en los tribunales la prórroga concedida a Ence para mantenerse en Lourizán hasta el año 2073 ha hecho tambalear la estrategia judicial de la compañía. Así lo reconoce la empresa, que ha reconocido este viernes que su posición es "menos sólida" que hace unos meses.
El escrito de allanamiento presentado por el Abogado del Estado, sin embargo, no frenará el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional, a instancias del Concello de Pontevedra y de las asociaciones ambientales Greenpeace y APDR.
Según ha informado la compañía en un comunicado, la Audiencia Nacional mediante resolución judicial ha otorgado plazo a Ence y a su comité de empresa, recientemente personado en el procedimiento, para que formulen contestación a la demanda del Concello.
Ence considera que esta decisión de la Audiencia Nacional constituye una "buena noticia" para todos aquellos trabajadores y familias, muchas de ellas del ámbito rural, que dependen directamente de la actividad de su fábrica de Pontevedra.
Que este procedimiento siga su curso, aún sin el apoyo del Estado, es "positivo" también, señalan desde la pastera, para sus empresas auxiliares y proveedores.
La "única diferencia", explican desde Ence, es que la Administración General del Estado ya no les va a defender.
Ence reitera que su actividad empresarial constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad y responde a los más altos estándares de responsabilidad medioambiental, mejorando "ampliamente" las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas.