Ence ha puesto fecha de caducidad a su fábrica de Pontevedra. La compañía pastera asegura que, si el Tribunal Supremo no acepta los recursos presentados contra las sentencias judiciales que anularon su concesión sobre los terrenos de Costas en los que se sienta el complejo industrial de Lourizán, cerrará la factoría entre los años 2023 y 2024.
Así lo recoge en el informe presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la cuenta de resultados a cierre de 2021, en el que explica que ha recurrido estas sentencias y están "a la espera" de la decisión del alto tribunal sobre la admisión de los recursos presentados.
"En caso de no admisión de los recursos o de desestimación de los mismos por parte del Tribunal Supremo, le correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico determinar (en decisión visada por la Audiencia Nacional) el plazo para un potencial cese de actividad de la fábrica", señala la empresa.
Ante este "escenario de potencial cese de actividad", Ence registró en los estados financieros del segundo trimestre deterioros de activos y provisiones de gastos -que no supondrán una salida de caja- por un importe neto de 151,9 millones de euros, junto con una provisión de 42,3 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por el potencial desmantelamiento de la fábrica.
A este dinero suma otros 6 millones de euros para hacer frente a los costes estimados por la potencial cancelación de contratos.
El coste de un procedimiento de reestructuración del excedente de mano de obra, incluida la estructura corporativa asociada, que se generaría con el potencial cese de actividad aún no ha sido provisionado, al no cumplirse los requisitos contemplados en la normativa contable para su reconocimiento, aclaran desde Ence.
PÉRDIDAS DE 190 MILLONES
Hasta 190 millones de euros ascendieron en el año 2021 las pérdidas de la compañía Ence, según ha reconocido la empresa, que vincula este balance negativo con las provisiones realizadas tras las sentencias que anularon la concesión administrativa de su fábrica de Pontevedra.
De no ser por el impacto contable de estas sentencias, el grupo volvería a los beneficios en 2021, con un resultado neto atribuible de 10 millones de euros, a pesar de seguir el país en un escenario de incertidumbre marcado por la pandemia de la covid-19.
En este contexto, Ence generó 76 millones de flujo de caja libre, lo que le permitió reducir en este mismo importe su deuda neta, que se situó en 102 millones, concentrada en su negocio de energía renovable y sin deuda neta en el negocio de celulosa.
Así, la compañía terminó el ejercicio con un saldo de caja de 397 millones después de amortizar deuda por importe de 198 millones, reducido el uso de sus líneas de financiación de circulante en 56 millones y pagar inversiones por importe de 71 millones.
El precio de la celulosa registró una fuerte recuperación en 2021, pasando de los 680 dólares brutos por tonelada, hasta los actuales 1.145 dólares. Los principales productores de celulosa anunciaron subidas adicionales hasta los 1.200 dólares por tonelada para el mes de marzo.
Esta fortaleza del precio de la celulosa compensó la inflación en el coste de las materias primas y de la logística, impulsando el resultado operativo del negocio de celulosa antes de coberturas hasta los 141 millones en el conjunto del año, frente a los 14 millones de 2020.
En el negocio de energía renovable el resultado operativo antes de coberturas se situó en los 71 millones en el conjunto del año, frente a un comparable de 42 millones en el ejercicio anterior.
En 2022, la compañía asegura que está beneficiándose del actual contexto de mercado, con fuerte demanda y precios en sus dos negocios, desde una sólida posición financiera marcada por una potente generación de caja.