La empresa Ence fue una de las protagonistas de la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios celebrada en la tarde de este jueves en el Parlamento de Galicia. La llevaron al debate, entre otras cuestiones, las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios del PSdeG-PSOE y el BNG. La portavoz de Medio Ambiente del grupo socialista, la pontevedresa Patricia Vilán, le exigió a la Xunta que dé cuenta de los estudios de valoración sobre el traslado de la factoría fuera de la ría de Pontevedra que señaló el presidente de la Xunta de Galicia para defender la prórroga por otros 60 años concedida a la empresa por el Gobierno estatal. El BNG se centró en el tráfico portuario de Ence a través de Ribadeo.
Patricia Vilán recordó que Feijóo, tras asegurar que le "estorbaba" la pastera, también aseguraba tener "estudios de valoración" sobre su traslado, así como inversiones comprometidas en la comarca de Pontevedra. La diputada quiere conocer cuáles son en concreto esas supuestas inversiones comprometidas.
La diputada socialista apuntó en el Parlamento que la situación de la factoría "no es la adecuada" y provoca un fuerte rechazo entre la población afectada por la contaminación que produce. Así lo pusieron de manifiesto en torno a 20.000 personas que se unieron en una de las manifestaciones más importantes vividas por la ciudad después de conocer la prórroga otorgada por Rajoy, que provocó su nombramiento como persona 'non grata' en el Concello.
Este rechazo llevó a aprobar por unanimidad una propuesta parlamentaria en la pasada legislatura dirigida a buscarle ubicación fuera de la ría, un mandato que fue burlado por el Ejecutivo de Feijóo, en contra incluso de su voto particular en aquella sesión.
El BNG preguntó sobre los convenios firmados por la Xunta con Ence desde el año 2009, las tasas a abonar por el uso del muelle de Ribadeo, la aplicación a la empresa del canon del agua y el coeficiente de vertido en los años 2013-14 y 2015. La encargada de formular la pregunta fue la diputada Montse Prado, que afirmó que Ence tendría que pagar "cinco millones de euros al año por el consumo de agua" a los que sumó "otros cinco millones por los vertidos", sin embargo, recalcó, pagada una "cantidad ridícula".