En una conferencia con sus inversores para frenar el desplome su cotización en bolsa, la dirección de Ence ha informado sobre sus planes ante el escenario abierto tras la decisión de la Abogacía del Estado de desistir de defender en los tribunales la prórroga otorgada por el Ejecutivo de Rajoy para que Ence siga ubicada en Lourizán.
En primer lugar, la dirección de la pastera congela el resto de inversiones previstas en su plan de negocio. Tan sólo mantiene los compromisos en marcha para este año, que cifra en 50 millones.
Además sopesa trasladar parte de la producción de la planta de Pontevedra a la de Navia, para poder cumplir con los objetivos anuales de crecimiento fijados en su plan estratégico.
La estrategia de la compañía pasa por agotar todas las acciones legales, incluso acudiendo a instancias europeas, en una batalla que podría durar unos seis años.
En caso de tener que cerrar antes de esa fecha Ence reclamará todas las inversiones realizadas en la planta desde que se extendió la concesión, que cifra en 132 millones de euros.
Ence confía en obtener una prórroga hasta el año 2033. Recordemos que el Concello alega como una de las causas de impugnación el tiempo de la prórroga. El plazo máximo de concesión en dominio público marítimo terrestre es de 75 años contando desde el inicio en el año 1958, por lo que nunca podría ir más allá del 2033. Es decir, la prórroga debería ser de 20 años y no por 60 años como aprobó el Gobierno de Rajoy.
Otra cuestión alegada por el Concello es que "no se justifica" en la prórroga recurrida "la necesidad de que esa actividad permanezca en terreno de dominio público marítimo terrestre" ya que está establecido que tan solo podrán continuar en el dominio público "aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otro emplazamiento".
La dirección de Ence asegura que "En el improbables supuesto de que se produjera el cese de actividad indicado, tendría lugar un impacto único extraordinario en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones. De la cifra anterior, 74 millones de euros tendrían impacto en caja, de los cuales 43 millones corresponderían a actuaciones de desmantelamiento, 16 millones a la cancelación de contratos en vigor (basados en la experiencia de desmantelamiento de la antigua fábrica de Huelva) y 15 millones al coste de un expediente de regulación de empleo de extinción total. La cifra restante de 111 millones no tendría efecto en caja, ya que responde al deterioro del activo".