La empresa Ence ha comunicado este viernes un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) analizando el impacto que tendría en la compañía el posible cierre de su factoría de Lourizán derivado de la decisión de la Abogacía del Estado de inhibirse en la causa abierta en la Audiencia Nacional en relación con la prórroga de su concesión concedida en 2016 por 75 años. Lo cifran en 185 millones de euros
En su comunicación indican que el cese de la actividad es un "improbable supuesto", pero detallan que, en el caso de que se produjera, tendría lugar un impacto único extraordinario (one-off) en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones, de los que 74 millones de euros tendrían impacto en caja, 43 millones corresponderían a actuaciones de desmantelamiento y 16 millones serían resultado de la cancelación de contratos en vigor, un cálculo que basan en la experiencia de desmantelamiento de la antigua fábrica de Huelva.
Además, contabilizan en 15 millones el coste de un expediente de regulación de empleo de extinción total al que se verían abocados. La cifra restante de 111 millones no tendría efecto en caja, ya que responde al deterioro del activo.
Según sus cálculos, aún en ese "peor escenario" del cese de actividad de Pontevedra, la empresa no cerraría. La fortaleza del balance de la sociedad y su bajo endeudamiento, unido a los altos precios de la celulosa previstos para los próximos años, les permitiría hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico sin renunciar a sus objetivos.
Ence detalla en su hecho relevante que hacen este cálculo con el fin de facilitar su valoración económica ante ese "peor escenario", que sería el que se generaría si perdiesen en el procedimiento judicial abierto ante la Audiencia Nacional en relación con la prórroga concedida por el Gobierno en 2016 a instancias del Concello de Pontevedra. Perder esa causa judicial supondría "llevaría aparejado el cese de actividad de la Biofábrica" de Lourizán.
Además, recuerda que en el ejercicio 2018, el EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la Sociedad alcanzó los 291 millones de euros, de los cuales 245 millones corresponden al negocio de celulosa, y 99 millones proceden de la fábrica pontevedresa.