El consejero delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares, ha respondido de manera tajante a la Junta General de Accionistas. Si cierra la fábrica de Pontevedra "no invertiremos en Galicia, nos iremos fuera de España".
Con esta rotundidad respondía a la pregunta de uno de los accionistas que se interesaba por saber cual es el plan del Consejo de Administración de la compañía "si en el peor de los casos se anula la concesión" qué es lo que se haría con la capacidad de producción "¿se trasladaría a Navia o se haría una nueva fábrica?".
La respuesta de Colmenares fue que "haremos algo con criterio económico" y explicó que "la madera y la mano de obra de Galicia no es la más barata" por lo que se deslocalizaría la fábrica fuera de la comunidad gallega.
Respecto a la situación actual ante la justicia, el consejero delegado de Ence afirmó que la compañía seguirá defendiendo sus derechos. "Haremos ver que la biofábrica de Pontevedra es un activo de Ence y también de toda Galicia. Son recursos e ingresos imprescindibles para el futuro de más de 5.000 familias", declaró.
En relación al allanamiento de la Dirección General de Costas sobre la concesión de Ence-Pontevedra, Ignacio Colmenares, recalcó que "estamos convencidos de que la razón jurídica nos asiste, pero también tenemos la razón social". El consejero delegado precisó que la planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados, a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia.
En la junta de accionistas explicaron que en enero de este año, y antes del mencionado allanamiento, la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimando íntegramente el recurso interpuesto contra la caducidad parcial y condenando al Concello de Pontevedra a pagar las costas, sentencia que confirma la solidez de la posición jurídica y los argumentos de Ence.
RESPONSABILIDADES PERSONALES
Este jueves, Ence ha acordado autorizar al consejero delegado y al secretario del consejo para que se defienda "hasta las últimas instancias" el interés de la sociedad, de sus accionistas, trabajadores y proveedores, "incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado" por los daños y perjuicios causados, y las "responsabilidades personales" que procedan.