Ence ha emitido dos comunicados con la intención de explicar "la controversia generada" por "una grabación ilegal y sacada de contexto" del presidente de la empresa y consejero delegado Ignacio de Colmenares destinado al personal de la fábrica sobre el allanamiento del Estado en el proceso abierto sobre la prórroga de la concesión de la empresa en Lourizán y también sobre el artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Ence indica que su primera opción es "mantener la actividad, el empleo y las inversiones de su biofábrica de Pontevedra" pero recuerda que, para ello, necesita "seguridad jurídica". De esta forma, la compañía explica que la modificación del artículo de la Ley eliminaría las dudas sobre la retroactividad de esta norma y eso facilitaría "enormemente la situación y el futuro" de la fábrica situada en la Ría de Pontevedra. La entidad afirma que también facilitaría el mantenimiento del volumen de empleo actual.
Aseguran que ya han invertido 132 millones de euros desde que se otorgó la prórroga de la concesión, en 2016 y mantendrá las inversiones para seguir avanzando en competitividad y sostenibilidad.
La empresa también alega que ha mantenido contacto institucional con el Gobierno de Pedro Sánchez y quiere reafirmar su voluntad de solucionar la situación actual siguiendo con esa "misma línea de diálogo, mantenida hasta ahora, hasta alcanzar un acuerdo".
En el comunicado no se hace referencia a las expresiones de Colmenares en el vídeo en las que aseguraba que el Ministerio y el PSOE de Galicia querían cerrar Ence en Pontevedra ni sobre la caldera de recuperación inestable y el sistema actual que puede provocar "un susto mayúsculo ambiental en cualquier momento que puede afectar a las personas".