En Marea exige que el PSOE cumpla desde el gobierno central el compromiso público con la retirada de Ence-Elnosa de la Ría de Pontevedra que adquirió en el pasado, cuando era aun una fuerza de la oposición. La formación ve necesario que el ejecutivo de Pedro Sánchez aproveche la "excelente oportunidad" para la paralización de la actividad de la planta que se abre en este momento; pues el 29 de julio finaliza su concesión.
Así lo indica Marcos Cal, que recuerda además que se trata de una medida que también se encuentra recogida en el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, "que reconoce que esa industria no puede estar ahí por la multitud de afectaciones que implica".
El diputado de En Marea entiende que, "con los precedentes existentes, no es de recibo que el gobierno central se escude en el procedimiento judicial en marcha para justificar la paralización de las necesarias medidas políticas".
"Los pliegos de la concesión indican que se puede proceder a la paralización de la actividad existiendo incumplimientos, y existen motivos más que de sobra en ese sentido", afirma Cal; rotundo a la hora de apuntar que "de ninguna forma se entendería que el PSOE optara ahora por la inacción en lugar de poner en marcha la necesaria y comprometida solución política y administrativa".
"Problemas de salud; contaminación continuada de aire y agua; cambio de actividad (la concesión fue hecha para la producción de papel y no contempla la generación de energía en la que actualmente también trabaja la planta); reconocidas molestias a la ciudadanía; modificación de las edificaciones superando el volumen y la altura permitidas; transferencias de la concesión realizadas sin la pertinente autorización del estado" son, según En Marea, alguno de los "numerosos incumplimientos" de las condiciones incluidas en los pliegos de la concesión en las que ha incurrido Ence.
Todos ellos, tal y como destaca el diputado de En Marea, permiten al gobierno poner en marcha el expediente de paralización de la actividad.
"Por lo tanto, no se puede dar prórroga. Aunque el proceso judicial siga, esta es una decisión política absolutamente justificada", indica Marcos Cal.