Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, afirmaba este lunes que el gobierno de Núñez Feijóo tramitará la solicitud de autorización ambiental integral cuando Elnosa la presente para que la empresa clorera realice el cambio tecnológico que le permita ajustarse a la legislación europea con un tratamiento en el que no emplee mercurio. Y avisaba de que con la autorización de la Xunta de Galicia no sería suficiente ya que es precisa la autorización urbanística por parte del Concello de Pontevedra, donde el gobierno local rechaza que Elnosa continúe en la actual localización en Lourizán.
Ante esa situación, Rueda insistía en la necesidad de mantener los puestos de trabajo y señalaba que el Concello tendrá que ofrecer explicaciones y ajustarse a la legislación si continúa rechazando la continuidad de Elnosa en la ría.
El comité de empresa de la factoría apuntaba que la dirección de Elnosa ya tiene elaborado el borrador para solicitar la autorización ambiental integrada y aguardan en que sea presentada ante la Xunta a principios de 2017. Avelino García, presidente del comité, alertaba de que al Concello no le queda más remedio que otorgar licencia a la electroquímica si obtienen una nueva concesión para mantenerse en los terrenos de Lourizán.
En ese sentido, entienden que el gobierno de Rajoy concederá esa concesión a través de Costas al igual que ya hizo con Ence. A partir de ahí, el Concello tendría que decidir si otorga la licencia para que se acometan las obras para que la factoría se adapte a la legislación europea con el cambio tecnológico y el desmantelamiento de la actual planta de mercurio.
De esta forma, Avelino García y el secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, señalan que el Concello de Pontevedra y, en concreto, el BNG es el único obstáculo para la continuidad de Elnosa en la ría pontevedresa. Ante esta situación, los trabajadores retomarán los actos de protesta y tienen prevista una concentración el próximo 9 de diciembre ante la Casa Consistorial.
LEY MORDAZA
Avelino García denunció que el gobierno local está aplicando la Ley Mordaza a tenor de la sanción de 200 euros que tendrá que pagar al ser identificado por la Policía Local durante la protesta protagonizada antes del mitin del BNG en la plaza del Teucro durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas. Otro integrante del sindicato, José Ramón Piñeiro, también ha sido multado por esos mismos hechos. García y Pedrosa señalan que la denuncia fue tramitada por el gobierno del BNG ante la Subdelegación del Gobierno y lamentan que se emplen los recursos del Concello con intereses partidistas.
Por otra parte, Avelino García indicó que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado un recurso del gobierno local de Pontevedra por la aprobación de la autorización ambiental integrada concedida en 2012. Una prueba más, señaló, de que la empresa cumple con los requisitos y quiere seguir cumpliendo con la legalidad establecida.
Anuncian que, como los plazos están muy ajustados para todas las tramitaciones ya que actualmente tendrían que abandonar Lourizán a finales de 2017, la empresa no descarta solicitar de la Unión Europea una moratoria que les permita prorrogar su actividad en la ría pontevedresa. Los representantes sindicales entienden que sería concedida porque existe un peligro de desabastecimiento de cloro para España. En el caso de que el Concello mantenga su actual oposición a la continuidad de la factoría, esperan que la Xunta declare la supramunicipalidad de Elnsoa, como ya hizo con Ence.