El salón de actos del Colegio de la Abogacía de Pontevedra acogió este viernes una multitudinaria asamblea en respuesta a la convocatoria efectuada por un grupo de colegiados, con objeto de unificar criterios de actuación en relación con el derecho de huelga que desde el 21 de noviembre se viene ejerciendo por parte de abogados del turno de oficio, no solo en Galicia sino en toda España.
Fue una asamblea en la que los colegiados allí presentes coincididieron en la voluntad y necesidad de mantener sus reivindicaciones hasta lograr la "dignificación" del ejercicio de la abogacía en general y del turno de oficio en particular.
También se hizo mención a la problemática derivada de las "exiguas pensiones" que perciben los compañeros por la Mutualidad de la Abogacía, "inferiores incluso al Ingreso Mínimo Vital o pensiones no contributivas", y la solicitud de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Se ratificaron las líneas básicas de actuación seguidas desde el inicio de la huelga; acordándose la continuación de la misma, "sin perjuicio de la adopción de otras medidas que se consideren adecuadas para el logro de las reivindicaciones" de este colectivo profesional.
Entre esas reivindicaciones se encuentra la regulación jurídica profesional del turno de oficio, unas retribuciones dignas "abonadas en tiempo y forma", la retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas y de los tiempos de disponibilidad, el abono de los costes del profesional al prestar el servicio, o que ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita sea la administración la que pague al profesional y reclame al ciudadano, no el profesional designado.
También piden la actualización anual de las retribuciones conforme al IPC, cotización a la seguridad social con efectos retroactivos, así como el derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital, que se reduzca la carga burocrática, el reconocimiento de la condición de autoridad, así como campañas de sensibilización para visibilizar y dignificar la profesión.
Aseguran que los servicios prestados en el turno de oficio no se reconocen a ningún efecto, ni se cotizan a la seguridad social, ni computan para los concursos u oposiciones, ni en ningún otro sentido. Hasta julio de 2023 estos profesionales no tenían derecho a suspender las actuaciones por paternidad o maternidad, ni por fallecimiento de un familiar, ni por enfermedad, o semejantes.
La remuneración de sus servicios en el turno de oficio es de 20 euros por una entrada y registro de once horas de trabajo y no se les paga por disponibilidad en los días de guardia. Muchas actuaciones no se remuneran, a pesar de que estos profesionales se ven obligados a asumir numerosos gastos que no le son abonados, como transporte, el seguro de accidentes, los impresos, copias, entre otros.