La Comisión Europea denunciaba al gobierno español en noviembre de 2014 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no tratar de manera adecuada las aguas residuales en la ría de Pontevedra y en la provincia de Girona.
Este jueves 10 de marzo, el Tribunal europeo ha ratificado esa denuncia señalando que se incumple la normativa comunitaria debido al mal tratamiento de las aguas de Pontevedra, Marín, Bueu y Poio.
El Tribunal apunta que se incumple la obligación de garantizar un tratamiento secundario y la de realizar un tratamiento más riguroso antes de vertir esas aguas en zonas sensibles cuando se trata de vertidos procedentes de espacios urbanos con más de 10.000 habitantes.
Desde el gobierno local, el portavoz municipal Raimundo González indicó que la responsabilidad de esta situación corresponde a la Xunta de Galicia y de su organismo autónomo, Augas de Galicia, porque ante la insuficiencia de la depuradora no aplica soluciones.
Además añadió que la administración autonómica rescindió unilateralmente el convenio con el Concello en relación con el río de Os Gafos y aumentó el tiempo de permanencia de Ence en la ría durante 60 años más.
De esta forma, concluyó González, la Xunta realiza actividades contrarias de lo que tendría que hacer ya que no está eliminado los focos de contaminación de la ría.