El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez Costa, todavía desconoce que sucederá con los rellenos que el Tribunal Supremo consideró ilegales obligando a su demolición. Suárez Costa indicó que el tema se encuentra en manos de la Abogacía del Estado pero quiso destacar que todas las obras de relleno disponen de declaración de impacto medio ambiental.
En todo caso, el presidente de la Autoridad Portuaria señala que los 300.000 metros cuadrados afectados por la sentencia son muy necesarios para mantener los actuales puestos de trabajo señalando que la ejecución de la sentencia con la demolición supondría la pérdida de tres empresas y de 400 empleos. "Perderíanse muelles e calados, non habería actividade loxística e se perderían os traballadores", remarcó Suárez Costa.
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, también indicó que esta ampliación ofrecía otros beneficios para los ciudadanos como la cesión de 3 hectáreas de terrenos de las instalaciones portuarias al Concello de Marín a lo largo de los últimos años. "Estamos todos en la defensa de que tenemos la razón y ahora estamos en que te la tienen que dar", apuntó Ramallo.
Precisamente, en la mañana de este 29 de octubre, Suárez Costa y María Ramallo firmaban la cesión portuaria al Concello de Marín de un local de 370 metros cuadrados en el que está previsto que, a través de una iniciativa privada, pueda entrar en funcionamiento en el futuro un vivero de empresas relacionadas con actividades marítimas.