El portavoz del grupo municipal del PP, Jacobo Moreira, planteó crear un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica letrada para las "víctimas", que se contrataría mediante sendos convenios con los colegios de abogados y procuradores.
Su coste sería abonado por el Concello a través de una cantidad fija a los letrados "en concepto de anticipo de honorarios", y asumiría el importe de las tasas judiciales. De estimarse la demanda, eso sí, los letrados deberían "girar sus minutas" a la entidad y devolver el anticipo al Consistorio.
ÿste sería, a su juicio, "un mecanismo efectivo" para los afectados que opten por la vía judicial sin esperar al arbitraje. De todos modos, desde su punto de vista, el acceso a este servicio debería cubrir sólo hasta un umbral de renta previamente fijado.
Al respecto, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores ha opinado que es "unha cuestión complicada" llevarla a cabo desde el punto de vista administrativo y ha argumentado que "todos" los afectados presentaron ya recurso judicial. No obstante, desde la plataforma de Marín-Pontevedra aseguraron que "la mayoría" no han llegado aún a este punto del proceso.