Dos importantes inversiones de la Xunta en Pontevedra están paralizadas, según el Partido Popular, por culpa del gobierno municipal. Los populares insisten en que el retraso que acumulan el proyecto del nuevo colector para el río Gafos y el nuevo edificio judicial de A Parda son debidos a la gestión del Concello de Pontevedra. Así lo denunciaron este martes en rueda de prensa los concejales Ricardo Aguilar y María José Rodríguez Teso.
Con respecto al colector del Gafos, tras el acuerdo entre Xunta y Concello, el gobierno municipal remitió un proyecto el pasado mes de octubre. Según el PP, Medio Ambiente está a la espera de una serie de modificaciones en el mismo, porque "presentaba errores técnicos", explicó Ricardo Aguilar. Principalmente para que cuando llueva las aguas pluviales no se mezclen con las aguas fecales, avanzó el edil popular.
El PP solicita "celeridad" al Concello para que estos problemas de saneamiento puedan arreglarse el antes posible.
Además, María José Rodríguez Teso recordó que la Xunta sigue esperando para obtener la cesión de los terrenos necesarios para la construcción del nuevo edificio judicial de A Parda, que costará 20 millones de euros. Recuerda que, después de cinco años, "aún no se completaron los trámites necesarios para la cesión de los terrenos a la administración".
A pesar de la "falta de compromiso" del gobierno local, los populares insisten en que la Xunta de Galicia sigue apostando por el Edificio Judicial y en los presupuestos para el próximo año 2015 consignó una partida para su construcción, aunque avanzan que no comenzará la obra hasta que los terrenos necesarios sean de su propiedad.
RESPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
Desde el gobierno municipal, el concejal responsable del Ciclo del Agua, Raimundo González, confirmó que el pasado 31 de octubre se le remitió a la Xunta el proyecto del saneamiento de los Gafos, tal y como había quedado en la última reunión de seguimiento del convenio. En la actualidad el Concello está pendiente introducir una última corrección a este proyecto, solicitada por la empresa externa contratada por la Xunta para la supervisión del proyecto.
Según concluye el propio informe de la empresa externa, "desde el punto de vista documental es preciso enmendar y/o ampliar cierto anexos del presente proyecto", y en estos momentos sólo se está pendiente de terminar la última de las peticiones del informe para volver a trasladárselo a la Xunta, explicó el edil.
Sobre las declaraciones del grupo municipal del Partido Popular, Raimundo González destacó que "volven a facer de recadeiros da Xunta, e o que menos lles preocupa é defender os intereses dos veciños de Pontevedra".