Rafa Domínguez, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, analizaba este miércoles dos sentencias desfavorables al Concello de Pontevedra relacionadas con la adjudicación del contrato para la gestión del IBI.
Según señalaba el representante popular, la empresa Eibisa Norte SL se presentó al concurso para este servicio siendo la que más puntuación obtenía en el primer cribado realizado por el Concello pontevedrés, pero finalmente se decidió desestimar su candidatura por una baja temeraria de 99 céntimos para un contrato de 200.000 euros.
Para Domínguez esta decisión es "absolutamente ilógica" al entender que por una diferencia de un euro no se puede considerar que el precio propuesto era demasiado bajo. "Expulsar una empresa, con un contrato de más de 200.000 euros, por una baja temeraria, por una diferencia de 0,99 euros, es una tomadura de pelo a los pontevedreses, a los contratos públicos y a los procesos de selección", indica el presidente local del PP.
A partir de esa decisión, la empresa inició una reclamación judicial llegando a los tribunales de Cuentas y al Superior de Xustiza de Galicia. Ambos sentenciaron a favor de la empresa. El Concello mantiene su postura y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Una decisión que, según el PP, se hace en contra de "cualquier criterio, incluso el del servicio jurídico del Concello".
Para Rafa Domínguez esta decisión supondrá un enorme gasto debido a las costas e intereses y puede alcanzar los 300.000 euros de indemnización, según los cálculos del Partido Popular.
Durante el proceso, el Concello de Pontevedra otorgó la concesión del servicio a la segunda empresa con más valoración en el concurso, Laya, que según los populares "es una empresa intachable hasta lo que nosotros conocemos".
Domínguez entiende que el gobierno local está "tirando el dinero de los pontevedreses" e insiste en que se trata de "un escándalo más que le va a costar a todos los pontevedreses en torno a 300.000 euros".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El martes la concejala Carme da Silva señalaba el rechazo que se produciría en el pleno a la moción popular solicitando una comisión de investigación sobre los contratos del Concello y Rafa Domínguez lamentaba este miércoles el "conchabeo entre el BNG y el PSOE" y afirma que "dice poco que no quieran hacer una comisión".
En este sentido avanzó que los populares tendrán que tomar medidas y "valorar de forma profunda y consciente. Habrá que acudir a los juzgados", apuntó el portavoz del grupo del PP en el Concello.
RESPUESTA MUNICIPAL
El concejal de Economía e Facenda, Raimundo González ha salido al paso de la denuncia del Partido Popular para justificar que este contrato de adjudicación fue aprobado por unanimidad en la mesa de contratación en la que estaban presentes la interventora, el asesor jurídico, el jefe del servicio de contratación, el jefe de la unidad gestora que hace la tramitación junto al presidente y los vocales de los distintos partidos políticos con representación municipal que asistieron a esa reunión.
Según ha incidido el concejal, esos son los técnicos que "fiscalizan" la gestión municipal y "o deber dos responsables políticos é velar porque esta proposta vaia ata o seu último termo", ha defendido González Carballo.
Además, según el concejal nacionalista, el portavoz del Partido Popular Rafa Domínguez era el presidente de la Comisión de Cuentas en esa época por lo que "lévao alí se había algún problema", ha comentado.
"Ao portavoz del Partido Popular lle faltan catro fervores", ha afirmado Raimundo González.
Respecto a la decisión de la mesa de contratación de expulsar una empresa, con un contrato de más de 200.000 euros, por una baja temeraria, por una diferencia de 0,99 euros, Raimundo González ha justificado que "técnicamente es así" y ha puesto como ejemplo que"por baixo da ponte de Eduardo Pondal hai un límite, se pasas dous milímetros xa non cabe o coche".
En cuanto a que los tribunales han dado la razón a la empresa frente a la administración local el concejal de Hacienda ha valorado que "no Concello non son infalibles" pero ha insistido "que o Concello tente defender a súa posición sempre foi así".
Raimundo González ha insistido en que "poñer en dúbida aos técnicos municipais porque a ti fáltache un padrenuestro paréceme gravísimo" reiterando que esta adjudicación "é un proceso regrado no que non cabe discrecionalidade política e por tanto, tentar meter nese saco aos funcionarios municipais paréceme gravísimo, por tanto ou ten moita mala fe ou lle falta un fervor".