Rafa Domínguez, presidente local del Partido Popular, define este jueves como "un día trágico para Pontevedra"ante la decisión de la Abogacía del Estado de inhibirse en los recursos planteados por el Concello de Pontevedra, por la APDR y por Greenpeace en relación con la concesión de la prórroga de Ence por 60 años, que había realizado el gobierno de Mariano Rajoy en 2016.
"El alcalde de la ciudad con más paro de Galicia le acaba de dar una puñalada mortal a las 5.100 familias que dependen directa e indirectamente de Ence en toda Galicia", afirmaba el portavoz del grupo municipal del PP acusando a Lores de haber dado una puñalada mortal a los 400 trabajadores fijos que tiene la empresa pastera en la ciudad.
El representante indicó que el daño se extiende a 300 asociaciones, colectivos y clubes de la comarca que reciben dinero de la entidad pastera, un total de 3 millones de euros anuales. Continuó señalando que el puerto de Pontevedra, los transportistas y los comuneros son también los derrotados por esta situación.
Domínguez se preguntó cuáles son las alternativas de empleo que propone el gobierno de Fernández Lores si finalmente cierra Ence. El portavoz del grupo municipal del PP también culpó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de haber dado órdenes para no defender los intereses de Ence y de todos los pontevedreses.
El Partido Popular, aseguró, "se pondrá de lado de la gente" y anunció que lucharán para defender a todos los perjudicados por esta decisión de la Abogacía del Estado, que volvió a calificar como una "puñalada trapera" para Pontevedra.
Este viernes presentarán una moción urgente en el pleno esperando que se admita y se pueda debatir este punto por la corporación municipal. Además, apuntó que están estudiando la documentación para ver qué opciones judiciales pueden establecerse ante esta situación "dramática para mucha gente".
Confirmó que Núñez Feijóo también anunció que estudiarán fórmulas en relación con esta decisión, que Rafa Domínguez califica de "política" al entender que no se basa en argumentos legislativos. El líder popular reconoció que todavía no había tenido acceso al escrito de la Abogacía del Estado.