El pleito con la UTE que construyó el Puente de las Corrientes, favorable al Concello

Pontevedra
12 de julio 2016

A pesar de tener que pagar unos 246.000 euros, desde el gobierno municipal han mostrado su satisfacción por esta sentencia, que no tienen previsto recurrir, porque la petición inicial de estas empresas ascendía a casi 1,8 millones de euros, una cifra a la que habría tenido que sumar el correspondiente IVA y los intereses de demora

Carril bici en el Puente de las Corrientes
Carril bici en el Puente de las Corrientes / Mónica Patxot

El juzgado de contencioso administrativo número 1 ha condenado al Concello de Pontevedra al pago de unos 246.000 euros, más los correspondientes intereses de demora, a la UTE Sercoysa-Ogensa-Atlántica, constructora del Puente de las Corrientes por los retrasos y los sobrecostes que sufrió la construcción de esta infraestructura.

A pesar de tener pagar dicha cantidad, desde el gobierno municipal han mostrado su satisfacción por esta sentencia, que no tienen previsto recurrir, porque la petición inicial de estas empresas ascendía a casi 1,8 millones de euros, una cifra a la que habría tenido que sumar el correspondiente IVA y los intereses de demora.

Este conflicto se originó en febrero de 2011 al exigir la unión temporal de empresas formada por Sercoysa-Ogensa-Atlántica un sobrecoste de 1,8 millones de euros, al entender que la obra había sido mayor de lo contratado o que, entre otras cuestiones, les correspondía una indemnización por su suspensión y ralentización durante meses por falta de permisos.

En aquel momento el Concello se negó a asumir el sobrecoste y solo dio luz verde a una subida de unos 200.000 euros a cuenta del cambio de unas farolas y del aumento del IVA del 16 al 18%. El proyecto inicial ascendía a 7,2 millones de euros, cofinanciados entre el Concello y la Xunta.

Pero la sentencia, que estima parcialmente la demanda presentada por estas empresas, solo acepta que sean indemnizadas con 116.000 euros por honorarios de dirección de obra indebidamente retenidos, con 99.000 euros como indemnización por la suspensión de los trabajos -decretada por Costas-, con 25.000 euros por el pago tardío de justificaciones y otros 5.300 euros por una revisión de precios mal realizada.