El Parlamento de Galicia aprobó este martes a proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se insta al Gobierno del Estado la que retire la redacción actual de la modificación del reglamento de la Ley de Costas "por no ajustarse a la normativa vigente" y que en la nueva tramitación que se acometa se dé un plazo ajustado de alegaciones "para que toda la ciudadanía y los sectores afectados pueda presentar sus reclamaciones".
Además, a través de un acuerdo entre populares y socialistas se demanda al Gobierno central que dé traslado a la Xunta de un informe exhaustivo sobre todas las concesiones que se verían afectadas por la modificación del citado reglamento, en especial aquellas que ya no podrían ser objeto de prórroga alguna.
La portavoz del PP, Teresa Egerique, afirmó que "estamos ante una maniobra del Gobierno del Estado con la que intenta vestir y dar amparo legal a decisiones caprichosas como la de allanarse en los procedimientos abiertos en relación a la prorroga de la concesión de Ence".
"Se trata de una modificación caprichosa del reglamento de Costas que pone en peligro y genera inseguridad a muchas empresas que trabajan día a día en Galicia en el ámbito de dominio público marítimo terrestre, ya que perjudicará a las concesiones anteriores a la Ley de 2013 que, pudiendo ubicarse legalmente en el dominio público marítimo-terrestre, verán reducida la duración de la prórroga extraordinaria, así como aquellas concesiones que puedan tener otra localización que no sea necesariamente el dominio público marítimo-terrestre y que, por tanto, ya no podrán solicitar la prórroga", explicó.
En concreto, Teresa Egerique dijo que "el Instituto de Estudios del Territorio identificó en Galicia cerca de 5.000 edificaciones que están íntegra o parcialmente en zona de dominio público marítimo-terrestre, entre las que se encuentran no solo empresas, sino también depuradoras, colegios o escuelas infantiles".
La socialista Patricia Vilán explicaba en la sede parlamentaria la necesidad de adecuar este reglamento de Costas por lo que entiende que se debe de abrir un nuevo plazo para alegaciones. Acusa, por otra parte, a los populares de querer meter miedo, ya que la modificación no afecta a la acuicultura al prevalecer la ley de pesca de Galicia para estas concesiones. Según la diputada socialista las empresas afectadas por el cambio normativo son 394, de las que solo 29 presentan problemas y no las 5.000 de las que habla el PP.