Cuando están a punto de cumplirse 28 meses del brutal crimen en el que Marcos Vidal González mató a puñaladas a Manuel Ángel Rivas en Ponte Caldelas, el juzgado que instruye la causa acaba de autorizar la práctica de nuevas diligencias centradas en esclarecer lo ocurrido y la implicación en los hechos de Sandra Martínez Araújo, viuda del fallecido y antigua pareja del homicida confeso.
Marcos Vidal está investigado como presunto autor del conocido como crimen de Ponte Caldelas desde que el propio día 28 de noviembre de 2015 confesó y se entregó a la Guardia Civil, pero desde el pasado mes de febrero también está investigada en la causa Sandra Martínez, de modo que la instrucción acaba de recibir un nuevo impulso.
Después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra aceptase la petición de la familia del fallecido para investigar a Sandra, el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra celebró dos comparecencias para concretar la investigación y para tomar declaración a la mujer.
Una vez escuchado su testimonio, la jueza dictó un nuevo auto al que ha tenido acceso PontevedraViva por el que se acuerda seguir el procedimiento judicial contra Sandra por los delitos de asesinato y omisión del deber de socorro y aprobar varias de las diligencias solicitadas por la acusación particular -que ejerce el abogado Andrés Malvar en nombre de la familia del fallecido- y de la defensa de Sandra.
El auto de la jueza instructora aclara que, a su juicio, la Audiencia Provincial, al decidir que se amplía la imputación contra Sandra, ya ha adelantado que debe continuarse el procedimiento contra ella. Además, dado que tan sólo la acusación particular concretó por qué delitos debería ser investigada, se entiende que la causa ya se sigue contra ella por esas infracciones penales: asesinato y omisión del deber de socorro.
En cuanto a las diligencias, el auto dictado por la jueza instructora con fecha 15 de marzo indica que no considera necesarias "por no servir al fin legalmente previsto, al menos por el momento", varias de las pruebas solicitadas por la acusación, entre ellas, las declaraciones testificales de los guardia civiles que investigaron los hechos y las aclaraciones de los médicos forenses.
Tampoco se considera necesarias las declaraciones de tres testigos que la jueza considera que "no puede aclarar nada en cuanto a la posible participación de Sandra en los delitos de asesinato y de omisión del deber de socorro" que le atribuye la acusación particular. Se trata de la camarera del local en el que Sandra y Marcos estuvieron el día previo al crimen, la persona que cogió el traspaso del negocio de Manuel y un detective que el fallecido había contratado tiempo antes del crimen para determinar si su esposa tenía una doble relación con el homicida confeso.
Algunas de las pruebas en las que insistía la acusación han sido denegadas. Se trata de hasta siete diligencias reclamando a las compañías telefónicas el listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los dos investigados, geolocalización y repetidores o, lo que es lo mismo, la triangulación de los móviles de ambos. La jueza rechaza la prueba porque las compañías tan sólo están obligadas a guardar esos datos durante un año. Dado que ha pasado más tiempo, "el resultado de librar tales oficios es inútil".
Entre las diligencias que sí autorizó la jueza figura la declaración como testigo de la amiga de Sandra que la acompañaba la mañana del crimen y a quien la investigada envió una foto que Marcos le pasó por Whatsapp en la que Manuel aparecía tirado en el suelo en medio de un charco de sangre.
También ha autorizado la jueza pedir al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés detalles de los turnos de trabajo de Sandra en el Hospital Provincial y, en concreto, el del día del crimen para para poder determinar el lugar donde se encontraba mientras Marcos mataba a Manuel, pues en este punto ella incurrió en contradicciones en sus declaraciones como testigo e investigada.
Además, se pedirá a Sandra que facilite la clave de su cuente de la red social Facebook para poder tener su historial de ubicaciones y los lugares donde estuvo el día del crimen y la jornada previa y también a la Guardia Civil que amplíe el informe del volcado de datos del móvil de Marcos para conocer sus comunicaciones con Sandra en noviembre de 2015 y que haga el mismo análisis en relación con los dos móviles de la mujer.
La Audiencia pedía en su auto que la jueza instructora realizar todas las "dligencias de investigación que ayuden al total esclarecimiento de los hechos y, fundamentalmente, que permitan afirmar o descartar con taxatividad la participación de Sandra" en el crimen o en cualquier hecho relacionado con el mismo. La jueza instructora sí ha acordado varias diligencias, pero no cree que sea necesario su ingreso en prisión provisional o el pago de una fianza, peticiones ambas que hacía la acusación.