El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra ha acelerado la instrucción del denominado caso Elsamex, abierto para investigar las supuestas irregularidades en las prórrogas del contrato municipal de mantenimiento de parques y jardines, y este viernes ha empezado a tomar declaración a los testigos. El primero ha sido un ingeniero técnico del departamento de Parques e Xardíns que ya pasó por los juzgados de A Parda a primera hora de la mañana en calidad de testigo y, según ha trascendido, respondió a todo el interrogatorio.
Fuentes judiciales han indicado que la intención es acelerar todas las diligencias y tomas de declaración de este caso, que llegó al juzgado en el mes de septiembre remitido desde la Fiscalía de Pontevedra y el juez instructor, Xermán Varela, admitió a trámite hace escasos días. Se busca que el caso no se estanque y, además, no coincida con las diligencias que se practiquen en otros casos que hay ahora mismo en los juzgados de A Parda, como la operación Patos, de la que se ha enviado piezas separadas a Pontevedra, asumidas por el Juzgado de Instrucción número 1 y por los fiscales de Delitos Económicos Jesús Calles y Augusto Santaló. En principio, no se prevén diligencias en estos días, pero prefieren evitar que lleguen a coincidir en el tiempo.
En relación con las declaraciones, el próximo lunes 16 de noviembre hay previstas dos nuevas comparecencias de nuevos testigos, dos funcionarias municipales que redactaron el pliego de condiciones del concurso para adjudicar el servicio de mantenimiento de parques y jardines abierto en el año 2014, y del que en julio de 2015 resultó adjudicataria una empresa diferente, Cespa.
En el mismo auto en el que se pide citar a declarar a estos tres testigos el juez reclama al secretario del Concello de Pontevedra que en el plazo de cinco días nueva documentación sobre las actuaciones concretas que siguieron a los acuerdos de la Xunta de Goberno del 30 de enero de 2012 y 29 de enero de 2013 en los que se ordenaba el inicio del expediente de contratación del servicio, trámite este que permaneció dos años parado, lo que motivó dos prórrogas del contrato previo. Ese plazo ya venció y, según se ha podido saber, el juzgado ya está en posesión de nueva documentación, que ahora está investigando. No ha trascendido si se ha entregado toda o solo una parte.
El juez pidió documentación relativa a esas Xuntas de Goberno y la explicación de las competencias de cada departamento municipal, asi como información de qué concejal tenía competencias, ya fueran propias o delegadas, para el impulso de esa contratación del mantenimiento de parques y jardines desde octubre de 2011.
Toda la investigación partió de una denuncia del PP de Pontevedra y, tras estudiarla en la Fiscalía y llegar al juzgado, el juez concluyó que los hechos denunciados "podrían constituir un delito de prevaricación", pero que es "necesario aclarar diversos extremoso de los hechos que permitan valorar de forma completa lo sucedido y así concluir, o no, en la existencia de indicios más específicos". Entre tanto, no es posible imputar ningún delito a una persona concreta.