11 y 12 de febrero de 2020. Son los dos días reservados por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra para el juicio contra la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa, por el cobro "abusivo" del peaje del puente de Rande durante las obras de ampliación a pesar de las restricciones de tráfico que se produjeron ya tiene fecha. La causa tiene su origen en una demanda colectiva presentada por la Fiscalía Provincial a la que se han adherido dos asociaciones de afectados, Adicae y En Colectivo, y otros ocho perjudicados particulares.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 acogió este lunes una audiencia previa al juicio en la que se han examinado diversas cuestiones procesales y se han fijado el objeto del proceso judicial y la prueba que se practicará durante la vista. Como cuestiones claves que ha decidido el magistrado destaca que ha rechazado que puedan declarar como testigos hasta 82 afectados por los atascos durante el tiempo de las obras de ampliación y ha decidido citar a declarar a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que trabajaron en la zona durante aquel período.
El juicio podría celebrarse ya en un plazo de 30 días y así sería recomendable por ley, pero el magistrado decidió posponer la fecha de la vista para tener tiempo de pedir a la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil que identifique a los agentes que trabajaron en aquel período, entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, y citar a los aludidos.
Los testigos rechazados los habían propuesto la Fiscalía y la asociación En Colectivo. En concreto, la Fiscalía quería que declarasen dos personas afectadas y el colectivo de perjudicados proponía a 74 particulares y seis empresarios, pero el magistrado ha decidido no admitirlos porque considera que son parte "interesada" y "no los consideramos ni útiles ni pertinentes".
El magistrado considera que son personas directamente afectadas en el procedimiento y no podrían aportar datos objetivos y decidió no admitir su declaración como testigos, decisión que llevó a la Fiscalía y a En Colectivo a presentar un recurso de reposición. El abogado de la asociación, Antonio Heredero, argumentó que su declaración es "la única forma real de acreditar la existencia de unos hechos que son negados por la parte actora".
Por parte del ministerio público, los fiscales Alejandro Tuero González y Santiago Miguel Cruces valoran que esos testigos son "la prueba directa más útil y pertinente" de este procedimiento y, al no poder declarar, se quedan sin la "prueba directa fundamental para certifica los hechos", pues son las personas que circulaban por la autopista en esa época y las que "mejor pueden decir" lo ocurrido.
Con esta demanda, la Fiscalía aspira a que el juzgado dicte una sentencia que declare la nulidad de la práctica de Audasa de cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y/o seguridad del tráfico.
Así, el eje fundamental sobre el que se basa la demanda es el período de las obras de Rande, pero los fiscales del caso sostienen que Audasa debe ser condenada a a no volver a usar esta práctica abusiva en el futuro, tanto en la AP-9 como en cualquier autopista que gestione en España, cuando surjan incidencias del tráfico que impliquen retenciones o atascos en la autopista o, lo que es lo mismo, que no se preste al usuario el servicio por el que pagan.
Al respecto, los fiscales sostienen que Audasa no ha cambiado su conducta y "se siguen produciendo alteraciones del tráfico y se sigue cobrando el peaje". Además, en esta vista han querido matizar que su demanda no se refiere al importe del peaje, que es una cuestión que ellos no se paran a valorar ni a fijar, sino al cobro íntegro del mismo cuando hay incidencias.
La Fiscalía pide que se condene a Audasa a reintegrar a los usuarios el doble del importe de los peajes que hayan sido abonados en el tramo del entorno del puente de Rande durante los tres años que duraron las obras de ampliación siempre y cuando hayan sufrido atascos o retenciones superiores a diez minutos, que sería el doble del tiempo estimado para recorrer ese tramo.
Por parte de En Colectivo, asociación que representa a 200 afectados, cifran en unos 600.000 euros el dinero reclamado, pero hacen un llamamiento a los posibles afectados para que se personen en esta causa. Así, recuerdan que hay tiempo para hacerlo y que, de media, las personas que vivan en Pontevedra y trabajen en Vigo, o viceversa, podrán reclamar 3.000 euros.
Durante el transcurso de esta audiencia previa celebrada en una sala de vistas de la Audiencia Provincial el magistrado desestimó la pretensión de Audasa de que también fuesen parte demandada el Ministerio de Fomento y la Demarcación de Carreteras del Estado.Esta solicitud ya había sido rechazada durante este procedimiento tanto por la Fiscalía como por el propio juzgado.