El caso Elsamex se archiva. El juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra no aprecia delito de prevaricación en la actuación del gobierno municipal con respecto a las prórrogas irregulares aprobadas en el contrato que la empresa tenía suscrito con el Concello para el cuidado y mantenimiento de los jardines y zonas verdes de la ciudad. Así se recoge en el auto judicial firmado por el magistrado Xermán Varela.
Más allá de existir un "conflicto de gestión" que, según el titular del juzgado que se hizo cargo de la causa, se ha resuelto de forma "poco diligente" por parte del ayuntamiento, al no licitar el nuevo contrato en tiempo y forma, las actuaciones ordenadas por el gobierno municipal no pretendieron "obviar" la aplicación del ordenamiento jurídico, por lo que no son constitutivos de delito penal, como apreciaban la Fiscalía y el denunciante del caso, el Partido Popular.
La investigación partía de una denuncia presentada por el PP ante la Fiscalía. En ella, señalaban que el gobierno había ampliado de forma irregular el contrato de mantenimiento de jardines, firmado en 2006 y que debería haber finalizado en 2010. Tras dos prórrogas que estaban contempladas en la licitación, en febrero de 2012, el Concello amplió un año más el contrato a pesar de que los técnicos municipales censuraron esta decisión administrativa.
Ese mismo reparo fue levantado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, al año siguiente. Pero la situación se complicó aún más cuando, entre el 28 de febrero de 2014 y el 23 de septiembre de 2015 -fecha en la que se adjudicó el nuevo contrato a la empresa Cespa-, Elsamex siguió trabajando sin contrato y remitiendo al Concello facturas mensuales de unos 35.000 euros por la prestación del servicio.
Cada una de esas facturas, que presentaban reparos por parte de Intervención, fue abonada por orden del alcalde.
Al mismo tiempo que se acordaban esas prórrogas, el Concello ordenó iniciar el procedimiento para la licitación de un nuevo contrato. Pero como se comprobó durante la declaración como testigos del técnico encargado del servicio y de diferentes funcionarios municipales, hubo problemas de gestión que demoraron estos trabajos a pesar de la "voluntad manifestada" por el gobierno local para "remediar" estas irregularidades.
Para el magistrado, los servicios que prestaba Elsamex eran "vitales" para la comunidad, por lo que "no cabía la opción de dejar de atenderlo" aunque hubiese finalizado el contrato firmado en su día y señala que a pesar del retraso en su licitación, ésta se hizo mediante un procedimiento "público y regulado", sin perjudicar las "exigencias" de la libre competencia y sin causar "perjuicio" económico alguno a la ciudadanía.
Además, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra rechaza las diligencias adicionales requeridas por la Fiscalía -como la declaración de la responsable municipal de Contratación o los directivos de Elsamex y la petición de más información al Concello, al entender que "no son pertinentes" en este momento, ya que el resultado de las mismas "no determinaría una diferente valoración a la realizada".
VALORACIÓN DEL CONCELLO
Tras conocer el archivo de la causa, el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, ha señalado que se trata de una decisión judicial "razoada e completa". A pesar de que ha reconocido el reproche que hace el juez ante alguna irregularidad administrativa "queda demostrado que a denuncia non tiña cabida a nivel penal".
"Nós podemos mirar de fronte aos cidadáns e sen agachar a vista porque non ocultamos nada. Outros non o poder facer porque nin actúan polo ben da cidadanía, senón por intereses espurios", ha destacado el concejal nacionalista.
Así, García Legísima entiende que el PP como denunciante, si tuviese un "pouco de decencia política", no presentarían recurso contra esta decisión del juez y dejarían de "utilizar" la justicia contra el gobierno municipal de Pontevedra, algo que "non merece calificativo, senón desprezo".
A pesar de esta contundente resolución, el PP ha avanzado que recurrirá el archivo de la causa.