Pontevedra homenajeará en noviembre a los miembros de la corporación municipal y los funcionarios del Concello de Pontevedra que fueron represaliados y destituidos como consecuencia del levantamiento fascista de 1936. Así se acordó este lunes por unanimidad en el pleno celebrado en el Teatro Principal. Una comisión de trabajo, presidida por el alcalde, será la que coordine los actos que formarán parte de esta restitución simbólica.
La moción presentada por el BNG explicaba que estos represaliados formaban parte de una corporación "elixida democráticamente" y que fueron sustituidos de forma ilegítima por las autoridades militares. Esta situación, recordó Luis Bará, supuso el inicio de un periodo de una "brutal" represión, calificada incluso como "programa xenocida", contra estas personas que representaban ideales republicanos, galleguistas y de izquierdas.
Bará, que citó el nombre de todos los represaliados "para que conste en acta", destacó que este acto simbólico es una "obriga ética" y un acto fundamental de justicia y de memoria colectiva, debido a la vinculación de todas estas personas con Pontevedra y que estos hechos, que se conocen desde hace tiempo y figuran en los archivos municipales, "nunca foron revisados nin condenados".
Desde el PSdeG-PSOE, Antón Louro afirmó compartir "plenamente" esta propuesta para homenajear a estos represaliados pontevedreses; mientras que el concejal popular, Miguel Ángel Meijón, aseguró que se trata de una moción "lóxica, oportuna e merecida", mostrando así el respaldo de su grupo a este homenaje y a la condena del levantamiento militar fascista de julio de 1936 y todos los actos democráticos posteriores.
UNANIMIDAD EN OTRA MOCIÿN DEL PLENO
Una segunda moción, esta vez presentada por los socialistas, fue aprobada también por unanimidad de toda la corporación. En ella, el Pleno acuerda instar al Ministerio de Interior a presentar, "cuanto antes", el proyecto de acondicionamiento y apertura de la sede que la Jefatura Provincial de Tráfico adquirió en Campolongo en 2008. Se trata de un bajo de 1.429 metros cuadrados, que les costó más de 4 millones de euros.
Además, se ofrecerá la plena colaboración del Concello de Pontevedra para buscar usos alternativos al local que ocupan actualmente en la entreplanta de la calle de Joaquín Costa, 56, en el marco de la actual normativa urbanística.