El próximo martes, 16 de julio, la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará a un hombre que en diciembre de 2018 protagonizó uno de los episodios más graves de violencia machista de O Grove al disparar a su ex mujer y atrincherarse en su casa, en la que luego se pegó dos tiros. Cinco años y medio después, se enfrenta a 22 años de prisión.
El acusado, José Antonio P.F., estuvo dos meses en el hospital y luego ingresó en prisión, si bien ya en 2020 quedó en libertad a la espera de juicio, entre críticas de su víctima. Ahora, se sentará en el banquillo de los acusados de la sección cuarta de la Audiencia acusado de cuatro delitos.
La Fiscalía le acusa de un delito de maltrato habitual con el agravante de que los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima y en presencia de la hija menor, un delito continuado de quebrantamiento de la pena de alejamiento, un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa con la agravante de parentesco y la agravante de género y un delito de tenencia de armas prohibidas.
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia que el juicio se celebre a puerta cerrada "atendida la naturaleza de los hechos enjuiciados, a fin de evitar los perjuicios que la publicidad de la vista pudiera causar a la persona ofendida y a su familia, garantizando el respeto debido a las mismas".
Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre de 2018. El hombre tenía en vigor una orden de alejamiento desde el 28 de agosto que le impedía acercarse a ella por un episodio previo de violencia de género. Tras esa orden de alejamiento, él había regresado a Ourense, de donde era natural, y ella había cambiado la cerradura del que había sido el domicilio familiar de la pareja, en el que residía, así como el número de teléfono, pero él logró volver a entrar en casa y allí se produjo la brutal agresión, en la que resultó herida en el cuello y la cabeza.
Aunque todo eso ocurrió en 2018, el acusado también deberá rendir cuentas por los malos tratos previos, de los 25 años de relación, entre 1993 y 2018.
La Fiscalía le pide 21 años y 11 meses de cárcel, siendo la pena mayor, 14 años y 11 meses, por el delito de tentativa de asesinato. Por este delito también le pide 24 años de prohibición de aproximarse a la mujer, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre o que frecuente, así como a su domicilio o lugar de trabajo a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto.
Añade una petición de libertad vigilada durante 10 años y considera que por este delito se le deberá colocar un dispositivo de control telemático de cumplimiento del alejamiento fuera de prisión.
Además, por el delito de maltrato habitual durante más de dos décadas, le pide pide tres años de cárcel, cinco años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, ocho años de prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto. También por este delito le pide un dispositivo de control telemático tras salir de prisión.
Otros tres años le pide por el delito de tenencia de armas prohibidas, además de seis años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
Por el delito de quebrantamiento de condena, pide que se le sume un año más de cárcel.
Asimismo, la Fiscalía pide que indemnice a su víctima con 166.200 euros, 4.000 euros por los días de curación, 1.200 euros por intervención quirúrgica, 41.000 euros por secuelas físicas, 100.000 euros por el perjuicio estético moderado resultante como secuela y 20.000 euros por el daño moral.
Además, deberá indemnizarle por los gastos médicos y la asistencia psicológica y pagarle los 85,32 euros de cambiar la cerradura de la puerta en 2 ocasiones y tendrá que pagar al Sergas por lo que costó su atención.