El Ministerio Fiscal ha emitido un informe en el que pide que se tome declaración en calidad de imputado a medio centenar de empresarios, funcionarios y políticos, entre los que están el expresidente de la Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán y el exvicepresidente de la Deputación, José Manuel Figueroa, a quienes el fiscal les atribuye supuestos amaños de contratos y obras públicas y la recepción de regalos.
En la relación de la Fiscalía figuran nombres como el del alcalde de Vigo, Abel Caballero, imputado por la presunta recepción de regalos. También está imputada la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch.
Una vez que ya se ha levantado el secreto de sumario para las partes, la Fiscalía solicita que la causa se divida en piezas separadas ya que entiende que debe haber inhibiciones en favor de los juzgados de Pontevedra, Ponteareas, Santiago de Compostela y Ourense.
La bautizada como Operación Patos investiga delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos y está coordinada por la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que cuenta con la colaboración de la Fiscalía.
La empresa Cespa, que pertenece al grupo Ferrovial, se encuentra en el epicentro de esta investigación contra la corrupción al igual que la constructora Eiriña, así como empresas de su entramado.
PIEZAS SEPARADAS
La Fiscalía solicita que, una vez que se ha levantado el secreto de sumario para las partes, la causa se divida en piezas separadas. Así, entiende que debe haber inhibiciones en favor de los juzgados de Ponteareas, Santiago, Ourense y Pontevedra, en función de los hechos que implican a administraciones que tienen sede en estas localidades.
Así, piden que se traslade a los juzgados pontevedreses la investigación de obras y adjudicaciones en la ciudad de Pontevedra a la constructora Eiriña, el supuesto tráfico de influencias en relación con contrataciones en Cespa y las pesquisas por supuestas irregularidades en la tramitación de subvenciones a Ence.