El Defensor del Pueblo se ha interesado por el insólito caso de los dos polizones que llegaron al puerto de Marín a bordo del buque 'Kristin C' el 12 de diciembre y formalizaron un petición de asilo político en España. Tras más de dos meses sin haber noticias de su paradero, sí hay noticias de la queja formulada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) al Defensor del Pueblo por incumplimiento de la normativa en materia de asilo, pues al día siguiente a su llegada partieron en el mismo barco en dirección a Polonia, pero ya nunca volvió a saberse de ellos.
Tras la queja de CEAR, el Defensor del Pueblo se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para interesarse por el caso y acaban de recibir respuesta. Los responsables pontevedreses le comunicaron que funcionarios de la Policía Nacional de Pontevedra se entrevistaron con los polizones en el puerto de Marín después de que pidiesen asilo, pero no aclara otras informaciones solicitadas.
En concreto, según la resolución, a la que ha tenido acceso PontevedraViva, no aclara las causas por las cuales no se trasladó a los solicitantes de asilo a dependencias habilitadas en el puesto fronterizo hasta que el órgano competente decidiera sobre sus peticiones, tal y como se prevé en las instrucciones sobre tratamiento de polizones extranjeros.
A la vita de esta respuesta de la Subdelegación del Gobierno, el Defensor del Pueblo recuerda a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras los deberes legales que deben tener con los demandantes de asilo. La normativa vigente y aceptada y de aplicación en España para estos casos es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria -artículo 19- y lo dispuesto en las instrucciones conjuntas de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, de la Dirección General de Política Interior y de la Dirección General de Inmigración sobre tratamiento a polizones extranjeros.
Además, se ha solicitado información adicional para conocer las actuaciones que realizaron los funcionarios de la Policía Nacional tras conocer la intención de los polizones de solicitar asilo y las que estén llevando a cabo para localizar a los interesados.
El escrito del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha llegado al abogado y preidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, que desde el principio ha manifestado su preocupación por la situación de los dos polizones, de los que no hay noticias desde hace más de dos meses. Los dos polizones, que alegaron tener nacionalidad siria y palestina nunca llegaron a su destino en el puerto polaco de Szczecin.
Javier Galparsoro puso en marcha una serie de gestiones para interesarse por la situación de los refugiados con autoridades y ONG de Alemania y Polonia. A pesar de que realizó un seguimiento exhaustivo de la ruta del barco, no ha conseguido saber cuál es su paradero.
Este abogado asegura que en sus décadas de trabajo en la materia nunca ha visto una situación similar a la de Marín, en la que nadie impidió que dos personas demandantes de asilo abandonasen el país sin control, y considera que las autoridades y los responsables del barco podrían haber cometido "una grave vulneración de la normativa vigente". La situación no tiene precedentes en España, pues las autoridades españolas deberían haber garantizado que, si el buque en el que llegaron se iba de Marín, los dos jóvenes quedaban en territorio español a la espera de que se resolviese la solicitud de asilo.
Mientras tanto, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior admitió a trámite la solicitud de asilo político formulada por los dos polizones en Marín, que estaba sin resolver cuando el barco zarpó hacia Polonia, de modo que, en caso de que aparezcan, deberían ser enviados a España.