El administrador de la extinguida empresa Vigobarro S.L. y promotor de la obra de la Urbanización Mar de Tambo, Florencio Cruz Barreiro, asegura que "lejos de ser culpable, soy víctima de la mala actuación de las tres administraciones intervinientes en el deslinde que ha ocasionado la condena al derribo de las viviendas de dicha urbanización", ubicada frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas.
Según relata este promotor, la compra de la parcela se realiza en diciembre de 1998 cuando ya se había iniciado la incoación del procedimiento del deslinde una circunstancia de la que, según asegura, "todos era conocedores, menos el constructor, al que jamás se le notificó".
Además añade que se dieron "todos los parabienes a la construcción de la urbanización sin advertir al constructor en ningún momento de que la incoación del expediente de deslinde impide dar licencias de obras y que se tenía que haber anotado el mismo en el Registro de la Propiedad".
Según resume Florencio Cruz, desde que en el año 1997 el Servicio provincial de Costas contrató a la empresa Elía Proyectos S.A. para realizar la asistencia técnica de la realización del deslinde "los continuos errores y desatinos, mezclados con el silencio cómplice de las tres administraciones, se ha culpabilizado a la empresa Vigobarro S.L. y a mi persona cuando se puede demostrar que he sido la víctima del mal hacer de todas y cada una de las administraciones intervinientes en el deslinde y no el culpable".
Florencio Cruz puntualiza que "cosa muy distinta es que se me haya condenado injustamente en los tribunales, algo que también puedo probar".
A fecha de hoy, las multas siguen llegando y la orden de derribo sigue estando vigente. La ejecución de ese derribo para la restitución de la legalidad queda supeditada a la publicación en el BOE de la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde, algo que todavía no se ha producido por lo que, según el constructor, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) "incumpliría la ley de seguir adelante con el derribo".
PROTESTA
Mientras tanto, algo más de medio centenar de personas se manifestaron este sábado por la carretera PO-504 en apoyo a los dueños de 8 de los 16 chalés que conforman esta urbanización Mar Tambo afectados por el derribo que ellos mismos tendrán que costear.
El portavoz de los afectados, Xosé Ríos, ha señalado que este derribo, además de ser "técnicamente muy difícil" está condicionado a la publicación de la Orden Ministerial con el deslinde "e sen ela, como marca a lei, non hai deslinde oficial", de modo que la pretensión de la APLU de licitar la ejecución de los derribos "parécenos unha temeridade".
A esto suman otros argumentos, como es la existencia de "outras irregularidades urbanísticas que non teñen o mesmo trato da Xunta" y añaden que la demolición de sus casas "non melloraría en nada o medio ambiente, ao revés, vai provocar escombros, un impacto visual, e afectará a vivendas que son legais".
Finalmente estos vecinos de Chancelas piden una entrevista con la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez y apelan al diálogo "como no caso de Ence".